La exalcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, declarará hoy como imputada en el Juzgado de Instrucción 2 de Eivissa, acusada por la Fiscalía de presunta prevaricación en el caso de las facturas irregulares que también involucra al grupo Prensa Pitiusa. La instrucción del caso corresponde el magistrado José Espinosa y la acusación procede de la fiscal Ruth González.
Por la sede judicial de Isidor Macabich pasarán también los tenientes de alcalde Juan Daura y Lina Sansano, que deberán declarar como testigos, al igual que su exjefe de gabinete, Antonio Beneyto, la interventora municipal María José Vegas Hernando, y el director del semanario Prensa Pitiusa. En total, cinco testigos, cuyas declaraciones se prevé que duren toda la mañana. A mediodía, a las 12,30 horas, está citada la exalcaldesa y actual concejala no adscrita, que ahora forma parte de la oposición.
La imputación de Jáuregui fue ordenada por el juez el pasado mes de septiembre y abrió así la vía judicial del caso que forzó su renuncia a la Alcaldía de Vila. En el marco de una comisión especial, sus excompañeros de gobierno (PP y PREF) y los concejales de la oposición municipal (PSOE-Pacte, ExC y Epic) le acusaron de ser la responsable del acuerdo verbal para pagar 140.000 euros al grupo de comunicación Prensa Pitiusa (70.000 para TEF y 70.000 para Prensa Pitiusa) sin que mediara un contrato o convenio legal. Por ello, la exalcaldesa tuvo que dimitir.
Faltaban los anuncios
El conflicto se centró en los pagos y facturas realizadas al semanario gratuito porque no tenían como contraprestación la publicación de los respectivos anuncios publicitarios. Hasta que estalló el escándalo hace exactamente un año, en abril de 2013, Vila había abonado 35.0000 euros al grupo mediático en el primer semestre de 2012 y se disponía a pagar otros 39.000 euros correspondientes al segundo semestre, sin que existieran inserciones publicitarias que lo justificaran. Las primeras facturas habían sido pagadas con la conformidad del hasta entonces concejal de Hacienda, Juan Daura, y con la firma de la concejala Lina Sansano. El segundo pago de 39.000 euros no superó la comisión de Hacienda de marzo de 2013, donde se presentó como reconocimiento extrajudicial de deuda, pero con reparos de legalidad por parte de la interventora municipal porque superaba los 18.000 euros que permite la ley para contratos menores.