La compañía de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers (PwC) organizó ayer una jornada en la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera para conocer cómo afecta la nueva Ley de Costas al sector turístico y, dentro de éste, qué incidencia tiene en los puertos de interés autonómico.
La principal novedad que introduce esta ley es que se pueden prorrogar las concesiones hasta un plazo máximo de 75 años, al tiempo que se permiten «obras de mejora» en la servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar. «Los dos principales beneficios que puede comportar al sector turístico es que se amplía el periodo de concesión con lo que cual se fomenta la inversión y la posibilidad de hacer reformas dentro de la servidumbre de protección, que evita la obsolescencia de las instalaciones», explicó Rafael Fernández, uno de los abogados de la compañía que participó en esta jornada. Si bien existe la posibilidad de hacer reformas de mejora dentro de la servidumbre de protección, Fernández destacó que estas no pueden implicar «ni un aumento de superficie, ni de volumen ni de altura. Además deben comportar siempre una reducción del consumo de enerfía y un ahorro en el consumo de a gua de boca y de riego». «Al sector turístico de Eivissa le puede beneficiar en que garantizará la seguridad de las inversiones; permitirá tener cierto margen de proyección de futuro y al mismo tiempo tener una protección integral del dominio público buscando un equilibrio», añadió.
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