La formación PI-Eivissa continúa su cruzada judicial contra el aumento de salarios del equipo de gobierno de Sant Antoni aprobado a principios de legislatura. El concejal Juanjo Ferrer ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº3 de Palma el escrito de conclusiones de la denuncia que interpuso en junio del año pasado, un documento que ha sido aceptado por el juez. Ahora, es el Consistorio el que debe presentar sus conclusiones para que el caso quede visto para sentencia.
Según explicó Ferrer, en su alegato insiste en que la fórmula utilizada para aumentar y justificar el salario de siete concejales del equipo de gobierno no se ajusta a la legalidad. «El hecho de cambiar de dedicaciones parciales a indemnizaciones es una acto ilegal. Me apoyo en jurisprudencia en la que dice textualmente que pagar indemnizaciones con carácter mensual con independencia del número de asistencias que tengan no es conforme a derecho», destacó el concejal.
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