El Consell d'Eivissa aprobó ayer con los votos en contra de PSOE-Pacte la aplicación de la amnistía urbanística contemplada en la ley del suelo, que permitirá legalizar cientos de viviendas en terreno rústico fuera de ordenación cuya infracción haya prescrito y ya no se puedan derribar. El período de regularización estará en marcha durante tres años y los propietarios que se quieran acoger tendrán que pagar un 15% de tasa respecto al coste de ejecución material de la edificación el primer año, un 20% el segundo y un 25% el tercero. Las cantidades ingresadas por los ayuntamientos por este concepto se tienen que destinar a la adquisición, recuperación y protección de espacios naturales.
La consellera de PSOE-Pacte Pepa Marí aseguró que esta medida es «muy perjudicial» porque «no soluciona el problema urbanístico», si no que lo «agrava» y «beneficia a los infractores». Según Marí, creará un «efecto llamada» y generará que la gente construya sin permiso esperando otra amnistía. Además, consideró que «vulnera» las competencias de los consells porque serán los ayuntamientos los que gestionen todos los trámites. «El Consell abdica en sus funciones en rústico y deja que los infractores se salten a la torera la ley pagando unas cantidades que nada tienen que ver con las que deberían haber abonado en caso de infracción», indicó la consellera progresista, que aseguró que es «un agravio comparativo muy fuerte» para las personas que sí han cumplido la ley.
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