El sector del transporte de viajeros se reunió ayer al completo (la asociación de transporte discrecional, el transporte regular, la asociación de VTC de vehículos de lujo, así como las asociaciones más representativas del sector del taxi de la Isla) en la sede de la CAEB para analizar la situación en la que se encuentra el sector provocada por los taxis pirata, una situación que según denunciaron soportan desde hace más de una década. Las asociaciones acordaron por unanimidad iniciar movilizaciones a partir del día 20 de este mes «con la intención de obtener una respuesta contundente y actuaciones dirigidas a erradicar esta lacra de transporte pirata, que no aporta crecimiento económico alguno a la isla de Eivissa y sí mala imagen».
Más de diez años
Los representantes del sector afirman que en la última década «han mediado las buenas palabras y muchas promesas, pero jamás se ha llevado a término una política conjunta de actuación de las administraciones implicadas y no se ha conseguido atajar el intrusismo en la isla de Eivissa, si bien por el contrario este tipo de transporte ilegal se ha multiplicado de manera exponencial afectando directamente a todos y cada uno de los sectores legalmente establecidos», afirmaron mediante un comunicado.
Por ello exigen a la consellera de Transports i Mobilitat del Consell d'Eivissa, Pepa Costa, que refuerce el departamento de Inspección de Transporte, al tiempo que reclaman a todas las administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Ayuntamientos que ejecuten inspecciones «continuas» en las carreteras y en los focos conocidos donde operan los taxistas piratas. Precisamente, la asociación insular de taxistas titulares ha elaborado un estudio detallado sobre dónde y cómo actúan los taxistas pirata repartidos por la Isla, como ya avanzó este periódico.
Además quisieron señalar que las últimas declaraciones de la consellera de Mobilitat, Pepa Costa, han producido un «efecto llamada» a los piratas «que operan impunemente robando los servicios a cientos de autónomos y asalariados», así como a las empresas de transporte pitiusas, «que cuentan con más de 600 personas asalariadas y que ven como, año tras año, su volumen de negocio se ve mermado por esta incontrolable escalada de taxis y vehículos de lujo pirata que operan sin pagar impuestos, cobrando en negro y sin cotizar a la seguridad social».