La formación PI-Eivissa anunció ayer que denunciará al equipo de gobierno de Sant Antoni en los juzgados por presunta prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Los concejales Juanjo Ferrer y Joan Torres comparecieron en rueda de prensa para acusar al Consistorio de haber pagado 35.500 euros por obras en la Oficina de Turismo que no se han realizado.
Los ediles de PI-Eivissa hicieron público su convencimiento de que estos trabajos se desviaron a la remodelación del antiguo ayuntamiento y a su conversión en la nueva oficina de turismo, una obra que el año pasado se adjudicó como un contrato menor y sin concurso público, es decir, por menos de 50.000 euros, el límite para que una obra pública tenga que salir a licitación.
Según Joan Torres, la adjudicación fue por 47.472 euros, pero finalmente costó 64.300 euros. El edil explicó que en este caso hay tres «engaños»: las obras pagadas sin llevar a cabo en la oficina de turismo, los trabajos del antiguo ayuntamiento adjudicados sin concurso público y cuyo presupuesto no fue suficiente porque finalmente costó casi 17.000 euros más; y el tercer «engaño» que, según Torres, es el intento de «vender la moto» de que se iban a realizar obras en la oficina de turismo, cuando en realidad se destinaron a terminar la remodelación del antiguo ayuntamiento.
Los concejales enseñaron toda la documentación referente a las contrataciones y las facturas abonadas de ambos proyectos, que cuentan con el visto bueno de los técnicos municipales y de los concejales de Obras Públicas, Vicent Costa Maymó, y de Turismo, Vicent Ribas Mestret.
Por su parte, Juanjo Ferrer aseguró que pedirán explicaciones al equipo de gobierno en el próximo pleno, pero anunció que puede asegurar «al 99% que esto acaba en el juzgado». «Es algo obvio, han pagado unas obras que no se han hecho, o no se han hecho donde decían», insistió Ferrer.
Según el edil, el equipo de gobierno incurrió presuntamente en falsedad documental «porque hay una factura que dice que se han hecho unas obras en un sitio, que no es cierto»; en prevaricación administrativa, «porque hay una adjudicación mal hecha a sabiendas de que el procedimiento lógico hubiera sido un contrato mayor ya que el total de las obras, juntando todas las facturas, suman 100.000 euros»; y también en una presunta malversación de caudales públicos «porque al final tampoco sabemos si lo que se ha pagado es lo que ha costado, como mínimo», añadió.
Los ediles denunciaron también que la segunda obra, la de la antigua oficina de turismo, se adjudicó a la empresa Pepe Simón Construye, relacionada con una integrante de las listas del Partido Popular.
PI-Eivissa comenzó su investigación cuando el año pasado, en un pleno municipal, el equipo de gobierno reconoció que las obras realizadas en el antiguo ayuntamiento por 64.300 euros no habían sido suficientes. Al pedir más documentación, los concejales se encontraron con que la contratación de los trabajos de la antigua oficina de turismo, por 35.500 euros, no estaban realizados y además formaban parte del expediente de obras del edificio del antiguo Consistorio, una remodelación que sí se ha terminado.
Este edificio ya está abierto al público como oficina turística.