El Consejo Fiscal, órgano de representación del Ministerio Fiscal, ha defendido hoy al fiscal anticorrupción Pedro Horrach en la polémica que le enfrenta al juez del caso Nóos, José Castro, tras la imputación de la Infanta Cristina.
En su apoyo al fiscal Horrach, la Fiscalía ha reclamado al magistrado que no desacredite al representante el ministerio público en sus manifestaciones públicas ni en su resoluciones judiciales, ya que el fiscal trabaja en defensa de la legalidad.
Esta reacción se ha producido 48 horas después de que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamara al fiscal anticorrupción Pedro Horrach que no utilizase expresiones que puedan desacreditar «injustificadamente» la labor del juez Castro.
Aunque en ningún momento ha citado el caso, ni al juez ni al fiscal, tal y como hizo el lunes el CGPJ, la comisión permanente del Consejo Fiscal ha utilizado hoy en un comunicado los mismos términos que empleó el Poder Judicial para defender al juez con el fin de usarlos en apoyo del fiscal anticorrupción Horrach.
El Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, ha mostrado así su «conformidad» con el comunicado emitido el lunes por el CGPJ, «haciendo extensible su preocupación sobre determinadas expresiones que en ocasiones figuran en algunas resoluciones judiciales, así como en manifestaciones públicas que realizan titulares de los órganos judiciales».
«Por ello -ha añadido- estima necesario solicitar de los mismos que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor del Ministerio Fiscal».
El órgano de representación de la Fiscalía ha recordado, asimismo, que el fiscal actúa en cumplimiento de las funciones que constitucionalmente le están atribuidas, como son «la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales», como establece el artículo 124 de la Constitución Española.
El lunes, la comisión permanente del Poder Judicial tuvo que salir en defensa del juez a propuesta de seis vocales progresistas, que reclamaron una actuación contra el fiscal por las «imputaciones» que aseguran que ha hecho contra el juez en su recurso contra la imputación de la infanta Cristina.
De esta forma, el CGPJ aprobó un acuerdo por unanimidad en el que solicitaba «de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional» de los jueces y magistrados.
El órgano de gobierno de los jueces advirtió de que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones «que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia» de los jueces en el ejercicio de su cometido, «más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia».
La semana pasada, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sostuvo que el juez del caso Nóos basaba su decisión de mantener la imputación de la hermana del Rey en «meras conjeturas», al tiempo que consideró que sufría «contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación» y despreciaba indicios exculpatorios.
En su recurso contra la imputación de la infanta Cristina, el fiscal sostuvo en su escrito que el juez había actuado «imbuido por oleadas previas de interesados inputs mediáticos» y le ha achacado que despreciara «indicios de notable fuerza exculpatoria» hacia la infanta.
Según el fiscal, el instructor había construido «un andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez» para imputar a la infanta, que se desmoronaría con «una leve brisa» porque se basa en tres circunstancias de «nulo valor incriminatorio": que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa que poseen al 50 %.
El propio juez contestó, en declaraciones a los periodistas, que el fiscal tendría que haber presentado «una querella» contra él «por prevaricación» si considera que ha cometido este delito, tal como le atribuye en el escrito con el que recurre el auto en el que el magistrado mantiene la imputación de la infanta Cristina.
«Creo que si el Ministerio fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación», afirmó el juez a su llegada a los juzgados.