Los sindicatos UGT y CC.OO convocaron ayer una concentración pacífica frente a la dirección Insular del Estado para denunciar «cómo se están tratando a muchos compañeros que por el hecho de secundar una huelga y ejercer su derecho constitucional están viendo cómo Fiscalía les pide penas de cárcel de hasta cinco años y que en muchos casos ni siquiera son responsables sindicales sino que son trabajadores que han participado en alguna convocatoria de huelga», explicó Diego Ruiz, secretario general de UGT en las Pitiïuses. En esta misma línea, el secretario general de CC OO en las Pitiüses, Felipe Zarco, destaco que con las imputaciones a representantes sindicales «hay un intento de amordazar a los trabajadores, que tengan miedo para salir a protestar por todo lo que está pasando en este país».
Zarco y Ruiz destacaron que en todo el país hay 300 personas afectadas, mientras que en Balears está el único caso de Katiana Vicens, secretaria general de CCOO a quien la Fiscalía le solicita cuatro años y medio de prisión por un presunto delito contra la libertad de los trabajadores.
Los representantes sindicales leyeron un manifesto que fueron a entregar el director insular del Estado, Rafael García Vila, tras haber confirmado éste que les recibiría, pero finalmente por una urgencia García Vila se ausentó, según destacaron los representantes sindicales en las Pitiüses. Durante la jornada de ayer recogieron firmas, además, en apoyo a Katiana Vicens.