La Assemblea de Docents reclamó ayer a la Conselleria d´Educació «que abra de nuevo el proceso de negociación con los comités de huelga para resolver el conflicto educativo» a pocos días de iniciarse un curso «al borde del colapso, con las peores condiciones que hemos tenido nunca a nivel de plantillas, de número de alumnos por aula, de recursos, de inseguridad jurídica y de caos organizativo», afirmó ayer Guillem Barceló en nombre de la Assemblea de Docents.
«Todavía estamos a tiempo si hay voluntad política de hacerlo, pero si el actual equipo de la Conselleria d´Educació no es capaz de resolverlo, pedimos que sea relevado por otro más competente», añadió Barceló, que recordó que este mismo viernes la Assemblea decidirá qué día de septiembre irán a la huelga por primera vez en el nuevo curso. Además, hay una amenaza de huelga indefinida para abril.
«Ahora mismo –dijo– toda la responsabilidad recae en nuestros representantes públicos, a los que exigimos responsabilidad».
Los profesores reclaman «un cambio en la política educativa» y dijeron «no entender» que «en un momento en que se habla de recuperación económica, la primera respuesta del Govern sea destinar dinero al Palacio de Congresos, cuando estamos a punto de comenzar el curso con los peores ratios de la historia y nuevos recortes de plantilla». «¿Cuándo se recuperarán los 2.000 docentes menos», preguntaron. Por eso, entre las peticiones realizadas ayer está la de negociar un calendario que permita revertir los recortes habidos.
También reclaman que la Conselleria informe de los servicios mínimos de la huelga convocada, que fueron anulados por los tribunales y que se suspenda la resolución que obliga a aplicar los proyectos del decreto de TIL en los centros cuyos claustros no los aprobaron. La resolución de los cinco expedientes abiertos por la Conselleria a directores de centros es otra de las demandas.
El IPFB pedirá a la Delegación de Gobierno que declare «ilícita» la huelga de los docentes prevista para principios de curso, así como la amenaza de reactivarla en abril, por considerarla «política y abusiva».