Los directores de los centros públicos de educación infantil y primaria de ADIPMA (Asociación de Directores y Directoras de Infantil y Primaria de Mallorca) han expresado este sábado su rechazo a la política educativa del Govern de José Ramón Bauzá y le piden un «diálogo real, consenso y respeto a la autonomía pedagógica».
Los directores han emitido un comunicado para responder a las declaraciones del secretario autonómico d'Educació, Guillem Estarellas, quien manifestó que los docentes que no hicieron huelga el pasado lunes apoyaban la política educativa del presidente Bauzá.
Los rectores de los centros públicos de infantil y primaria de Mallorca, reunidos en asamblea el pasado miércoles, aseguran que «a pesar de no haber participado en la huelga, ya que formamos parte de los servicios mínimos, no estamos de acuerdo» con las directrices marcadas por la Conselleria d'Educació.
Los directores recuerdan que el desacuerdo con el departamento que dirige Joana Maria Camps se debe a que «en estos momentos muchos centros de nuestras islas no tienen aprobados sus proyectos TIL y no cuentan con el informe favorable del departamento de inspección». Algo que, según los docentes, genera incertidumbre ya que desconocen en qué lenguas deben impartir las diferentes materias y si tendrán que hacer cambios en los horarios o en los libros de texto.
Además, apuntan que «los equipos directivos se han enterado por la prensa del cese de los inspectores interinos y no tenemos constancia que se hayan nombrado nuevos inspectores para dar respuestas efectivas e inmediatas a los problemas que surgen en los centros educativos».
Otro aspecto que critican es que las instrucciones de la Conselleria para este curso no tienen en consideración la entrada en vigor de la LOMCE en los niveles de 1r, 3e y 5o. Para los directores «la convivencia de dos leyes y del Decreto TIL hace que a la hora de elaborar los horarios se produzcan muchas discrepancias y que los criterios pedagógicos tengan que pasar a último término».
Para este colectivo «los proyectos educativos que nacen desde la imposición, a base de decretos y leyes y que no cuentan con el apoyo de los profesionales que los tienen que desarrollar son proyectos que tiene muchas probabilidades de fracasar».
Por todo esto, los directores denuncian «la falta de actitud negociadora de los representantes de la Conselleria hacia los equipos directivos y hacia toda la comunidad educativa en general» y piden «autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y lingüístico que tenga en cuenta las características del entorno social y cultural de los centros».
Si són professionals responsables no poden veure bé la política educativa del desbarat que imposa Bussá.