Las labores de demolición de la mansión ilegal de Puig d'en Serra, ubicada en Es Cubells, han arrancado hoy con los trabajos preparatorios a la entrada de las máquinas que demolerán la edificación que cuenta con una orden judicial de derribo del año 2004, decisión ratificada en el 2006 por el TSJB. Durante la mañana de hoy, operarios de la empresa Erri Berri S.L, adjudicataria de los trabajos de demolición, han entrado en la casa de 526 metros cuadrados y tres plantas acompañados de la Policía Local para quitar puertas, cristales y sacar los muebles. Allí se han encontrado a un inquilino que, según ha explicado el concejal de Urbanismo de Sant Josep, Javier Marí, desconocía la situación de la vivienda. La empresa ha explicado que durante estos días se prepara el perímetro de seguridad para proceder a la demolición con máquinas, que está previsto que empiece la semana que viene.
El GEN contento con la demolición
La asociación ecologista GEN ha aplaudido los trabajos de demolición de la casa ilegal de Puig d'en Serra “se trata de una ejecución largamente esperada” y ha celebrado que se restablezca el lugar a su estado natural. El derribo lo realiza la empresa de demoliciones Herri Berri.
Los ecologistas han señalado hoy en un comunicado que estos trabajos cumplen “diez años después” una parte de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia balear (TSJIB) en abril de 2006.
Por otro lado, los ecologistas han recordado que en 1996, su organización denunció las obras porque se realizaban en un Área Natural de Especial Interés de “máxima protección” que estaba catalogada, además, como Paisaje Singular, por lo que según las normas del planeamiento municipal era “inedificable” .
No obstante, a pesar de que estos hechos estaban recogidos en informes técnicos y jurídicos, la comisión de gobierno municipal, presidida por el exalcalde José Serra Escandell, concedió la licencia municipal para la edificación de una mansión en este paraje.
“El TSJIB dijo de este caso que las infracciones urbanísticas son de tal gravedad que estremecen”, han afirmado.
Aún así, el GEN ha remarcado que la demolición “es sólo uno de los puntos” que las sentencias judiciales obligan a cumplir al Ayuntamiento.
La sentencia obliga también a que se tomen medidas para restablecer la legalidad urbanística, incluida la demolición de las obras, y establece que la licencia municipal 120/92 es constitutiva de una infracción “grave”.
Así pues, el consistorio tendrá que incoar los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables del otorgamiento de las licencias anuladas, han apuntado .
Los ecologistas han reclamado que los miembros de la Comisión de Gobierno que otorgó la licencia ilegal deben hacerse cargo de las sanciones económicas que procedan y hacer frente a los gastos en los que haya podido incurrir el Ayuntamiento, las posibles indemnizaciones y los gastos íntegros de la demolición.
Según el GEN, el consistorio “no dispone de ninguna otra alternativa, dado que el incumplimiento de la sentencia en este punto podría suponer la comisión de delitos de malversación de fondos y prevaricación”.
Además, según la organización, algunos miembros de la comisión podrían ser familia directa de los responsables de la licencia, por lo que deberían abstenerse de participar en los acuerdos relativos a este punto.
Aún así, el grupo ecologista ha advertido de que si el Ayuntamiento “no procediera a dar cumplimiento íntegro de la sentencia, con la imposición de las sanciones y las reclamaciones económicas que corresponda a los responsables, el GEN también instará a que sean los juzgados quienes se encarguen de la ejecución de esta parte de la sentencia y acudirá incluso a la vía penal si fuera preciso”.