El Consell d'Eivissa ratificó ayer en pleno, con los votos en contra de PSOE-Pacte, la disolución del Consorcio Sociosanitario de Eivissa, que se acordó el 31 de diciembre del año pasado.
Según explicó el conseller d'Economía, Álex Minchiotti, se trata de un paso adelante «necesario» hacia la liquidación de este ente para que así las residencias pasen a ser gestionadas económicamente por el Govern. Esta ratificación conlleva el traspaso al Consorcio de un millón de euros, que servirán para pagar nóminas de los trabajadores de Can Blai y Can Raspaslls, a proveedores y deudas.
Minchiotti destacó que para liquidar el Consorcio tanto Govern como Consell deberán pagar y que, en el caso de que sea más de un millón de euros, la máxima institución insular dispone de otro millón más presupuestado para el año que viene.
Un año
Sobre por qué se ha ratificado la disolución del Consorcio a finales de este año cuando se acordó que dejaría de existir el 31 de diciembre del año pasado, el titular de Economia destacó que se debe a que durante este ejercicio han estado negociando el convenio laboral «para que los empleados siguieran teniendo las mismas condiciones laborales».
La consellera de PSOE-Pacte, Patricia Abascal, criticó que el equipo de gobierno del PP llevara por vía de urgencia este asunto al pleno. «Cada vez que hay algo del consorcio lo traen por la vía de urgencia porque se piensan que no nos daremos cuenta. Para ustedes, el consorcio son números y para nosotros personas. El objetivo que persiguen desde que llegaron a la institución era cargarse al consorcio y han estado durante tres años haciendo todo lo posible para que desapareciera», destacó Abascal.
Sanciones
Otro de los puntos que se aprobó en el pleno es la renuncia a 1,2 millones de euros, que se corresponden a convenios y multas y sanciones que la máxima institución insular no ha llegado a cobrar. De estos 1,2 millones de euros, 783.997 corresponden a dos convenios que se firmaron en el año 2005 y 2006 con el Instituto Balear del Agua y el segundo con la Comunidad Autónoma, pero no se ejecutaron. El resto, 416.003 euros, se corresponden a multas y sanciones «incobrables», según destacó Minchiotti, principalmente de Transporte (sobre todo taxis pirata y pesca, además de sanciones relacionadas con el turismo). «Se trata de sanciones y multas incobrables porque se ha agotado la vía administrativa. Cuando pasa el periodo voluntario de pago de una multa o sanción no hay suficiente infraestructura e instrumentos para perseguir que se paguen. Al no encontrarse las cuentas o las personas se tienen que dar de baja. Para que esto no vuelva a pasar firmaremos un convenio con la Agencia Tributaria para que cuando pase el periodo voluntario sea Hacienda la que persiga para cobrar la deuda», concluyó.