La junta del Consorci de Gestió Sociosanitària de Eivissa acordó ayer el traspaso de las residencias para dependientes de Can Blai y Can Raspalls a la Fundació d'Atenció a la Dependència, organismo que depende del Govern balear, que las gestionará a partir del 1 de enero. En la reunión estuvieron presentes el presidente del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Serra, la consellera ibicenca de Benestar Social, Mercedes Prats, la consellera balear de Família y Serveis Socials, Sandra Fernández, el gerente de la Fundació, Javier Ureña, y Diego Ruiz en representación del sindicato UGT en Eivissa.
Según informaron el Govern balear y Consell d'Eivissa en un comunicado, el traspaso será efectivo a partir del 1 de enero y la gestión de las residencias se realizará de forma directa por parte de esta fundación pública, por lo cual se anula el proceso de externalización.
Según el Consell, con esta gestión directa se garantiza «la estabilidad de los trabajadores [unos 150] y una gestión administrativa ágil que permita que los trabajadores puedan cobrar las nóminas sin los retrasos que se han producido en muchos momentos, así como mejorar el pago a los proveedores».
El comité de empresa de ambos centros fue informado ayer de la noticia y hoy se reunirá con los empleados para exponerles el nuevo horizonte laboral. No obstante, las fuentes consultadas admitieron desconocer los detalles de la decisión adoptada por la junta del Consorcio de Gestión Sociosanitaria, que ha emplazado al comité a una nueva reunión informativa para el próximo 7 de enero.
Según explica el Consell, a pesar de que a efectos oficiales las residencias serán responsabilidad del Govern a partir del día 1, «el procedimiento administrativo para formalizar el traspaso se prevé que pueda alargarse durante todo el mes de enero».
Racionalización
La consellera de Benestar Social, Mercedes Prats, explicó que en virtud de la Ley de racionalización del sector público, aprobada el pasado 16 de septiembre, «el Consell vio serias dificultades para aportar las cantidades necesarias para que el consorcio, que ya estaba en proceso de extinción, pudiera gestionar las residencias». «A partir de ahí –subrayó Prats– se empezaron a plantear posibles salidas y se concluyó que pasara a gestionarlo el propio Govern». La consellera ibicenca reconoció que «existe el compromiso con los trabajadores de mantener las condiciones económicas y garantizar todos los puestos de trabajo» y considera que dicho acuerdo «se garantiza más y mejor desde la gestión pública».
Por otra parte, en el encuentro se aprobó la preliquidación del Consorcio de Gestión Sociosanitario de Eivissa en base a la citada ley, que pretende adelgazar la función pública.