El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó ayer, de forma inicial, la ordenanza municipal de transparencia y buen gobierno, una iniciativa pionera en la isla que pretende demostrar la «voluntad política» para fomentar la participación y facilitar el acceso a la información pública. La nueva medida no contó con el apoyo de los grupos de la oposición (PSOE-Pacte y ExC), que decidieron abstenerse y aprovechar el tiempo de exposición para hacer alegaciones y aportaciones al documento. Una decisión que dejó «sorprendido» al alcalde, Vicent Marí, que lamentó que se haya perdido la oportunidad de aprobar con el consenso de todos esta iniciativa, que, según apuntó, servirá para «recuperar la confianza perdida en los políticos y las administraciones públicas». «Los ciudadanos desconfían y tenemos que hacer un esfuerzo para demostrar que no todos los políticos somos iguales», explicó Marí, que recordó a la oposición que «no es una cuestión de mérito, sino que debe ser un requisito». En este sentido, aseguró que «es momento de ser valientes y no excusarse» y animó a la oposición a coger esta ordenanza «desde la confianza y no desde la suspicacia».
Abstención
A pesar del intento del alcalde por convencer a la oposición, los ediles del PSOE-Pacte y ExC mantuvieron la abstención y criticaron el proceso de aprobación de la ordenanza, ya que consideraron que el documento se tendría que haber consensuado entre todos los grupos antes de llevarlo a pleno. El portavoz socialista, Vicent Torres, además, apuntó que la ordenanza se basa en la ley estatal, que no tuvo en cuenta ninguna de las 67 enmiendas presentadas por el PSOE. De todas formas, no quiso que la abstención diera lugar a confusiones y apuntó que están a favor del buen gobierno y que no hay que dudar de su grupo, que «es el partido que más medidas de transparencia ha adoptado». Por su parte, Mariano Torres, de ExC, aseguró que la ordenanza está «coja» y, aunque es necesaria, tiene «carencias y peligros» si se aprueba tal como está. «Que sea el alcalde de la institución el que decida y apruebe los contenidos a publicar conlleva a que se haga de forma absolutamente arbitraria y aleatoria», denunció Torres, que también criticó el apartado de buen gobierno, al considerar que «solo es una declaración de buenas intenciones, donde ni siquiera hay un régimen sancionador».
Requisitos
La ordenanza prevé que se publiquen, en la página web municipal, las actas de plenos o de las Juntas de Gobierno, la relación de los bienes inmuebles de propiedad municipal, el presupuesto anual, la liquidación de las cuentas del ejercicio anterior, los convenios que se subscriban, las subvenciones o la cartografía municipal. También las retribuciones de los cargos electos y del personal eventual, o la agenda pública de los cargos municipales, entre otros datos. Igualmente, precisa el Ayuntamiento, se determinan sanciones de entre 1.000 y 100.000 euros para aquellas personas que alteren o hagan un mal uso de esta información de acceso público.