La investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Eivissa sobre las diligencias abiertas contra el inspector jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Javier Verdugo, y seis agentes miembros de la junta de personal, por el presunto pago de unas horas extras que no se realizaban, apunta a que se debe a un error de concepto.
La versión del Ayuntamiento coincide con las declaraciones de los seis agentes, en las que defendían que el pago que se les estaba realizando correspondía a una deuda pendiente del Consistorio. Según pudieron demostrar, se alcanzó un pacto con el Ayuntamiento para cobrar como horas extras las cantidades que se les debía de años anteriores por haber cambiado de categoría del grupo D al C, lo que le correspondía a su vez un aumento salarial. Al no haber presupuesto se acordó que se pagaría poco a poco y se estableció a través de dos pagas anuales en concepto de horas extra. Este pago es una reivindicación de los policías desde el año 2005. En 2010 se llegó a este pacto, que tendría que haber finalizado a finales de 2012, pero al no haber presupuesto se ha seguido pagando.
Después de la declaración de los seis agentes miembros de la junta de personal, falta la de Javier Verdugo, que está previsto que declare el próximo 19 de marzo. Los siete están citados como imputados para garantizar todos sus derechos. En caso de que hubiera índice de delito por falsedad o malversación de caudales públicos, la Fiscalía presentaría la denuncia al Juzgado y pasarían a estar imputados, aunque en un principio todo apunta a que no hay ilegalidad. De hecho, la remuneración denunciada corresponde con las cantidades que se les debe, por lo que «todo cuadra».
Según informó el Ayuntamiento, las imputaciones responden a la denuncia efectuada por un agente de la Policía Local de Sant Antoni, que actualmente tiene abierto un expediente disciplinario por una falta muy grave tras montar una empresa de seguridad privada y «ofrecer abiertamente este servicio, actividad incompatible con el ejercicio de agente de la Policía Local».
El Consistorio defendió que las remuneraciones que denuncia el policía expedientado están reconocidas por el Ayuntamiento y recordaron que las pagas objeto de la denuncia «son una deuda reconocida en la anterior legislatura y que reivindicaba desde entonces la junta de personal».
La denuncia se presentó el pasado mes de noviembre, en la que el agente acusaba a Verdugo de certificar al Ayuntamiento unos trabajos que no se habían realizado.