El sindicato de trabajadores de la seguridad privada Alternativa Sindical ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Eivissa contra el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany por la contratación de los llamados «agentes cívicos» que trabajaron el verano pasado en la zona conocida como West End.
La organización sindical solicita a la Fiscalía que investigue presuntos delitos de prevaricación e intrusismo profesional por la adjudicación de un contrato para el servicio de agentes cívicos, ha informado en un comunicado.
El Ayuntamiento de Sant Antoni contrató entre el 15 de junio y el 15 de septiembre a la empresa de servicios Fegamas para ejercer la labor de «servicios auxiliares» durante ocho horas diarias, en horario nocturno, en las zonas de ocio más conflictivas del casco urbano de la localidad.
En relación con la prevaricación, el sindicato considera que el ayuntamiento pudo incurrir en dejación de funciones al contratar dicho servicio ya que dispone de un cuerpo de Policía Local.
En cuanto al intrusismo, según el sindicato, la compañía a la que se adjudicó el servicio por 94.881 euros, no es una empresa de seguridad sino de servicios y «no está autorizada por el Ministerio del Interior para desempeñar funciones de vigilancia y seguridad».
Alternativa Sindical recuerda que la Ley de Seguridad Privada establece que las labores de vigilancia y seguridad en recintos privados «sólo podrán ser desarrolladas mediante vigilantes debidamente habilitados por el Ministerio del Interior».
El sindicato asegura que la empresa contratada ofrece servicios de personal relacionados con la información de accesos, comprobación del estado de instalaciones, funciones de portería y conserjería e información de ordenanzas municipales, pero carece de autorización para realizar funciones de vigilancia y seguridad en la vía pública.
La contratación de estos agentes cívicos por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni fue polémica ya que cinco de ellos fueron expulsados de su trabajo: tres por consumir drogas blandas en horario laboral y otros dos por tener antecedentes penales. La oposición criticó además que los agentes tenían un nivel muy básico de inglés, lo que imposibilitaba su comunicación con los turistas.