La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Carmen Martín, ha llamado a declarar en calidad de imputados al expresidente del Consell d'Eivissa Xico Tarrés Marí, al interventor de la institución, Sergio Pascual Sora, y a Sandra Palau Boned, quien cuando se produjeron los hechos que investiga la juez era responsable de la sucursal en Eivissa de Colonya Caixa Pollença. Por su parte, el expresidente Xico Tarrés señaló que no puede dar su opinión acerca de este asunto: «No me ha llegado ninguna notificación y, en consecuencia, no sé de qué va este tema».
La titular de Instrucción 3 cita a estas tres personas para junio en el marco de una investigación sobre la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes consistente en el endoso a Caixa Pollença de una subvención de 25.831,32 euros pagada en enero de 2011 por el Consell d'Eivissa al equipo de baloncesto Club Deportivo Sa Graduada. Este dinero se endosó directamente del Consell a Colonya Caixa Pollença sin pasar antes por las arcas del club, lo que según el denunciante, que es el entrenador del club, quien fue despedido y entabló un litigio laboral con que finalmente ganó, podría constituir un delito de alzamiento de bienes. Previamente, la juez ya tomó declaración como imputados a los responsables del club: José Antonio Ribas Torres y José Luis de la Osa Enríquez y archivó el caso.
El denunciante considera que el dinero fue endosado directamente del Consell a Caixa Pollença para evitar que en el caso de que él ganara su litigio laboral con el club por despido improcedente no pudiera embargarse al club, dada su insolvencia, la cantidad que se le adeudaba y que finalmente el Juzgado de lo Social de Eivissa estimó en 10.843,03 euros.
La juez cita a Tarrés, Pascual Sora y Palau a pese a que cuando el abogado del denunciante, Joan Cerdà, interpuso la denuncia contra Ribas Torres y De la Osa Enríquez ordenó el sobreseimiento provisional del caso, lo que ocurrió el 22 de junio de 2012. La Fiscalía se adhirió al escrito del denunciante, pero el 26 de octubre de 2012 la juez desestimó íntegramente el recurso de reforma.
El denunciante recurrió ante la Audiencia Provincial, cuya Sección Segunda, dos años después, el 7 de octubre de 2014, estimó su recurso de apelación y ordenó al Juzgado de Eivissa que «antes de acordar el archivo o adoptar cualquier otra resolución (…) es procedente practicar diligencia de declaración testifical del representante legal de Colonya Caixa Pollença, del interventor del Consell d'Eivissa, además de quienes sean considerados necesarios por la magistrada», que ha decidido citarlos como imputados en previsión de la celebración de un posible juicio por alzamiento de bienes, y que, además, ha incluido al expresidente Xico Tarrés.
El auto de la Audiencia señala que «el Consell Insular concedió al club una ayuda para el mantenimiento de entidades sin ánimo de lucro para la temporada 2009-10. El despido del reclamante se produjo a finales de dicho año. En lugar de procederse al cobro de la subvención el club procedió a endosarla en una entidad financiera sin que causa alguna lo justifique. Con ello se impidió que se procediera al embargo de la misma».
Finalmente, explicó el abogado del denunciante, éste cobró lo que le adeudaba su antiguo club unos dos años después de la sentencia que le daba la razón, y lo hizo a través de otra subvención, ésta del Ayuntamiento de Vila.
Tramitación en un solo día
En su auto la Audiencia señala: «Resalta el denunciante que el mismo día 26 de enero [de 2011, cuando el Consell pagó los 25.831,32 euros de la subvención], el representante de la ejecutada [Club Deportivo Sa Graduada] hizo la solicitud, el interventor del Consell Insular la informó, el presidente de la institución dio su visto bueno y abonó la cantidad en la cuenta de la entidad ejecutada». «En fecha 12 de julio de 2011 Colonya Caixa Pollença avaló a la ejecutada en 25.000 euros ante la Federación Española de Baloncesto a efectos de la participación del club en la liga EBA. Dicho aval no ha podido ser objeto de embargo dada su naturaleza finalista». El abogado del denunciante aseguró ayer que toda esta operación que necesitaba la aprobación de Pascual Sora y Tarrés, «se hizo en tan solo 15 minutos».