El empresario Alfonso Rojo asume con ilusión y responsabilidad la presidencia de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Pimeef) después de que Joan Tur Ripoll decidiera ir en listas con el PP en el Ayuntamiento de Eivissa, una decisión que le ha sorprendido: «No me esperaba este paso de Joan, pero pienso que lo hará muy bien porque es una persona constante, muy trabajadora, activa y nada complaciente». El nuevo presidente de Pimeef reconoce que le encanta ir a los mercados y visitar los barrios donde se aloja cuando viaja: «Es un defecto de forma; miro cómo está el comercio y el sector de la alimentación allá donde voy».
—¿Cómo afronta esta nueva etapa?
—Estoy contento, ilusionado y dispuesto a ejercer el cargo con responsabilidad. Se trata de un mandato puente hasta que se acabe la legislatura en abril de 2016 cuando por estatutos se deban convocar elecciones. Tenemos una Pimeef muy encauzada en este momento y la federación está saneada; estamos a la expectativa de ver qué pasa en las elecciones.
—¿Hay algún candidato a las próximas elecciones que convenza más a la patronal?
—Somos una federación muy plural y apolítica porque nuestros asociados son muy diferentes y cada uno tiene sus ideas. Otra cosa es que se tomen decisiones y se hagan acciones políticas que nos perjudiquen y que creamos que no son convenientes para Pimeef.
—¿Qué peticiones han formulado a los partidos que concurren a los próximos comicios?
—Hemos presentado un documento con 55 propuestas, peticiones, que muchas de ellas no son nuevas, como mancomunar servicios. En lo que más insistimos es en el tema del intrusismo porque estamos sufriendo una competencia desleal brutal. Se ha desmadrado la situación y hay que ponerle solución.
—¿Las instituciones están haciendo lo suficiente para atajar el intrusismo?
—La administración más cercana que tenemos son los ayuntamientos con quienes mantenemos un hilo de comunicación directo. Me consta que los ayuntamientos tienen los medios y el personal que tienen; somos conscientes de ello. Pero lo que pedimos es que haya colaboración y cooperación entre administraciones para atajar esta lacra. Si un ayuntamiento no llega, tenemos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Somos conscientes y sabemos las competencias que tiene cada uno, pero pedimos cooperación y si tiene que entrar Extranjería, que lo haga. Está todo desmadrado y pedimos que la administración agilice y se coordine para luchar contra el intrusismo. Hemos entregado un documento detallado de cómo afecta el intrusismo a cada asociación. Pedimos una ventanilla única para presentar denuncias y optimizar recursos. A la Guardia Civil le damos números de teléfono, matrículas y direcciones y nos consta que están actuando porque se ven resultados. En un polígono industrial no puede haber una nave que venda al por menor porque esto no lo permite la ley. En restauración se llegó a denunciar el año pasado que había un piso en ses Figueretes que servía comidas por seis euros como si fuera un restaurante. En la playa se vende de todo: mojitos, ropa, fruta, comida....es un problema muy grave y a los ayuntamientos les pedimos constancia en las inspecciones porque puede llegar un día en que se intoxiquen cinco o más personas por culpa de la venta ambulante en una playa y esto genera un problema de imagen turística. Pedimos ‘permisividad cero' por el daño que hace a las empresas y por la mala imagen turística que genera.
—¿El aumento del intrusismo es consecuencia de la crisis económica?
—Con esta crisis ha habido un problema sobre todo en sectores relacionados con la construcción; ha habido personas que eran albañiles, electricistas o fontaneros, se quedaron sin trabajo o quebró su empresa y han decidido continuar ejerciendo la profesión, pero bajo mano porque ya no se trata de que debe dinero sino de que tiene que comer. Esto es una competencia desleal gravísima; a las empresas de instalaciones eléctricas va la gente a pedir presupuesto y luego se lo presentan al vecino de al lado que se lo hace un 30% más barato que la empresa. Esto es una realidad que está pasando y se ve en limpieza de piscinas, chefs a domicilio, fontaneros, albañiles, pintores o electricistas.
—¿El pequeño y mediano empresario ha recuperado el optimismo?
—Venimos de dos años atrás en los que las temporadas han sido muy buenas y en esto hay varios factores que influyen, como que los empresarios hayan apostado por las reformas y por mejorar sus negocios. Hace dos años quizá no éramos tan optimistas porque el palo de la crisis fue muy duro, pero pienso que hay buenas expectativas de cara al futuro y estamos preparados para asumirlas.
—¿Y ha salido de la crisis?
—Hemos sufrido mucho y el pequeño y mediano empresario aún se está recuperando. Una buena temporada turística hace que trabajemos más meses, pero lo que importa es todo el año. Vemos más luz que hace dos años, pero aún no podemos decir que nos hemos recuperado, aunque hay que reconocer que la situación de Eivissa y Formentera es excepcional en comparación con el resto de Balears y del país.
—¿La implantación de grandes superficies tiene límite en Eivissa?
—La directiva Bolkenstein dice que se puede instalar cualquiera; somos europeos y hay que cumplirlo. Evidentemente, el que se instala aquí es porque ve que hay un volumen de negocio. Desde Pimeef siempre hemos recriminado que los ayuntamientos han hecho urbanismo a la carta para no solo permitir sino adaptar normativas para que estos grandes establecimientos comerciales se pudieran instalar aquí. Desde Pimeef siempre hemos instado a los ayuntamientos a que defiendan a sus ciudadanos y a sus comercio porque no nos vale de nada que hagan planes de dinamización comercial si al final permites que se instale un gran hipermercado en un terreno de dudosa recalificación. Al final los hábitos de consumo se desplazan hacia estos núcleos y toda la inversión que se hace en los núcleos urbanos no sirve de nada. Lo que no queremos es que los políticos se llenen la boca con planes de dinamización comercial y diciendo que apoyan al pequeño comercio cuando luego hacen encajar cualquier gran centro en polígonos industriales y dando licencias de obra menor con las que estas empresas han levantado cimientos, que es lo que han hecho los ayuntamientos de Vila y Sant Antoni. Con esta estrategia avisamos que los pueblos y centros urbanos se vaciarán.
—¿La culpable de todo esto es la directiva Bolkenstein?
—Tiene la perversión de que te permite ir a montar un hipermercado a Nápoles, pero permite que también se haga en la isla. Lo que tenemos que hacer es que el que se instale aquí respete nuestras normas y que su actividad repercuta de manera beneficiosa en la isla porque muchos sólo pagan aquí las basuras. No podemos permitir que se monten negocios en Eivissa que no dejen ni un solo euro.
—La depuradora de Vila ha salido a licitación, ¿piensa que se hará en un plazo razonable de tiempo?
—Lo que no podemos permitir como pitiusos es tener estas carencias en infraestructuras. Ya sea vía Govern o el Gobierno es inadmisible que la depuradora siga así; es un problema que arrastramos desde hace muchísimos años y no debemos consentir que se alargue durante mucho más tiempo.
—¿Las competencias en promoción turística están bien dotadas?
—Desde el minuto uno hemos pedido que se transfieran las competencias en promoción con la dotación económica que les corresponde. El hecho de que el Consell d'Eivissa haya aceptado que la cuantía se incremente con los años nos parece un mal menor. Desde el minuto uno queríamos las competencias y si hay que desmantelar la ATB, se desmantela. Lo que no podemos permitir es que ni un euro de la promoción de Eivissa se vaya a Mallorca y Menorca porque no tenemos por qué pagar su promoción.