El PSIB-PSOE ha denunciado que el programa estrella del Gobierno para la Activación del Empleo sólo ha beneficiado al 1,9% de los parados previstos en Balears, 52 solicitudes de entre 2.772 personas beneficiarias previstas.
Según el PSIB, cuatro meses después de la puesta en marcha del programa para la activación de la ocupación sólo han sido aprobadas 52 solicitudes para la percepción de una prestación para parados que de larga duración que no tienen ningún ingreso y que han agotado todos los subsidios. El número inicial de beneficiarios previstos en el Plan en Balears era de 2.772 personas.
«Por tanto, un 98,1% de los potenciales receptores de esta ayuda no la están recibiendo», ha explicado el PSIB.
El Grupo Socialista en el Senado ha presentado una moción para relajar los requisitos que impone el Gobierno para acceder a estas ayudas, que considera son «la causa de la bajísima aceptación del Plan de Activación, que en todo el Estado ha registrado 8.547 expedientes aprobados sobre 269.199 demandas, con un 96,8% de expedientes rechazados o no aptos para la subvención».
El pasado 15 de diciembre se firmó en La Moncloa un acuerdo entre Gobierno e interlocutores sociales mediante el cual se tenía que proporcionar una ayuda de 426 euros a unas 450.000 personas en todo el Estado, parados de larga duración con cargas familiares que ya habían agotado todos los subsidios y prestaciones.
Al mismo tiempo esta prestación se vinculaba a la inscripción de cada beneficiario a un IPI (Itinerario Personalizado de Inserción) con el objetivo de vehicular la búsqueda de un trabajo.
«El anuncio, hecho con bombo y platillo, cuatro meses después, ha quedado en una nada», ha criticado el PSIB.
«En todo el Estado sólo 8.547 personas han visto aprobadas sus solicitudes, 52 de ellas en Balears, pero el porcentaje de rechazos o inadecuaciones para ser beneficiario de esta prestación se acerca al 97% de los casos en todo el Estado y es del 98,1% al Balears», han advertido.
«LAS CIFRAS NO CUADRAN»
Asimismo, según el PSIB «las cifras no cuadran» ya que según datos oficiales, recogidas por el partido socialista, en España hay más de 925.000 personas paradas en hogares sin ingresos, o con uno de los integrantes trabajando menos de 20 horas. Esta cifra sería un 47% superior a la que había en 2011 para parados en las mismas circunstancias.
«Si este dato hacía necesario poner en marcha un Plan de Activación como el que Gobierno, sindicatos y patronales firmaron, lo que no se entiende es como cuatro meses después los beneficiarios son sólo estos 8.500», han dicho.
Los socialistas apuntan como responsable del fracaso a la letra pequeña de la normativa aprobada por el Gobierno, reguladora de los procedimientos y requisitos que los aspirantes a beneficiarios deben cumplir.
Los que se presenten deberán acreditar estar inscritos en el sistema con fecha previa a 1 de diciembre y con 12 meses de inactividad entre los últimos 18, con cargas familiares, con seis meses sin ningún ingreso de ningún programa del SEPE o de otras ayudas sociales, y que ya hayan agotado un PRODI, un PREPARA o la tercera Renta de Ayuda a la Inserción.
Además, según ha explicado el PSIB, la norma obliga al peticionario a elegir un tutor para la elaboración del IPI, como condición sine qua non para entrar en el Plan, y en el caso de los que finalmente son admitidos, la norma prevé que las empresas contratistas de parados beneficiarios del Plan se puedan subrogar parte de la ayuda que le corresponde al parado y descontar de su nómina, sin ninguna garantía de permanencia en el puesto de trabajo ni de duración de la jornada laboral contratada.
El GPS ha propuesto variar estos aspectos en el texto de la moción, en primer lugar para facilitar que esta ayuda de 426 euros pueda llegar a la mayor parte de las más de 900.000 personas que se encuentran sin trabajo ni ingresos.
También ha propuesto que las empresas que acaben contratando a beneficiarios de este Plan estén obligadas a extender la contratación por un mínimos de 180 días a tiempo completo, un período que en caso de no ser renovado por voluntad del empresario, permitiría al trabajador ser acreedor de un nuevo periodo de prestación de 21 meses y fue dado de baja del plan.