Una resolución del 20 de febrero del Juzgado Contencioso número 1 de Palma de Mallorca obliga al Ayuntamiento de Sant Josep a exigir responsabilidades económicas al equipo de gobierno del exalcalde José Serra Escandell por conceder la licencia de la ya demolida por sentencia mansión de puig d'en Serra.
El GEN denunció esta construcción y, finalmente «no sin la resistencia del Ayuntamiento de Sant Josep» según recordaron, consiguieron que fuera demolida hace unos meses. Esta sentencia obligaba, además del derrumbe de la casa y la recuperación paisajística de la zona, a abrir expediente a quienes concedieron la licencia, es decir, al exalcalde Serra Escandell y su equipo para que se hicieran cargo de los gastos de la demolición y las posibles indemnizaciones reclamadas por parte de la propiedad.
El grupo ecologista informó ayer de que hace unos días recibieron la notificación «que confirma la sentencia que obliga a los responsables a hacerse cargo de todos los gastos, incluido el de la demolición y cualquier indemnización que se pudiera derivar de sus actos». El GEN explicó que «pese a que el Ayuntamiento estaba obligado a sancionar a los responsables decidió gastar recursos públicos en defender a los responsables».
El equipo de gobierno de Sant Josep respondió ayer a las acusaciones del grupo ecologista y lamentó el uso electoralista del auto judicial. «Lamento profundamente la utilización por parte del GEWN de la información sobre una sentencia del mes de febrero, que el Ayuntamiento acató de forma inmediata, a una semana de las elecciones. Es claramente electorialista y mal intencionado», explicó el concejal de Urbanismo, Javier Marí, quien recordó que el equipo de Gobierno de Neus Marí ‘Berris' ha sido quien ha ejecutado la demolición de la vivienda construida «y no otro».
El equipo de gobierno de Sant Josep recordó que la junta de gobierno local del pasado 12 de marzo levantó la suspensión del expediente sancionador y continuó con su tramitación. En este sentido recordaron que este expediente seguirá su curso y que quedará resuelto «dentro del periodo legalmente establecido para ello». El equipo de Gobierno de Sant Josep quiso dejar ayer bien claro que «en ningún momento elude el cumplimiento de las sentencias judiciales, ni ésta ni ninguna otra», concluyeron en el comunicado.
La casa se construyó en el año 1996 con una licencia ilegal concedida por el gobierno de Sant Josep de aquel entonces. El GEN denunció la construcción por estar en zona protegida y una sentencia del TSJB determinó su ilegalidad en el año 2004. La demolición de la vivienda se llevó finalmente a término diez años después, es decir, el año pasado.