La petrolera Cairn Energy defiende en el escrito que presentaron ante el Ministerio de Industria que renuncian al proyecto de sondeos sísmicos en el Golfo de Valencia porque el silencio administrativo demuestra que los permisos no iban a ser concedidos. En este sentido destacan que Capricorn Spain (la filial de la escocesa en España) ha cumplido con «todas sus obligaciones» y destacan en el escrito que la Dirección General de Política Energética «ha sometido el proyecto a un procedimiento medioambiental sin estar obligado a ello», lo que lleva a la empresa a pensar que «la demora a lo largo del procedimiento en cada una de las tareas a cargo de la administración, así como la no contestación a los escritos presentados solicitando información y guía sobre el trámite administrativo, pone de manifiesto una actitud que nos obliga a creer que no es previsible que en un futuro próximo vaya a poderse determinar el calendario del plan de investigación».
Esto, según argumenta la empresa, imposibilita la toma de decisiones «para el desarrollo ordenado de la investigación por parte de la compañía. Es más, entendemos que la autorización ha sido denegada por obra del silencio administrativo». La no contestación por parte de Industria y Medio Ambiente y, por tanto, la falta de información «dejan a Capricorn Spain Limited en la más profunda de las indefensiones». A eso suman que consideran que la administración ha actuado «contrariamente al principio de confianza legítima, pues Capricorn Spain Limited había confiado en la posibilidad de ejecutar el proyecto de investigación por cuanto se le habían otorgados los permisos de investigación».
El coordinador de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, asegura que no tiene sentido que se amparen en el silencio administrativo: «Dan por hecho que su petición ha sido denegada por silencio administrativo y esto es una tontería absoluta desde el punto de vista jurídico porque el procedimiento de evaluación ambiental no cabe el silencio administrativo. Sólo se puede resolver con una declaración de impacto ambiental negativa o positiva. Nosotros como vimos que esta declaración se retrasaba y que la administración tiene la obligación de resolver, decidimos denunciar ante Fiscalia, que también lo podrían haber hecho ellos», concluyó Bravo.