Joan Boned (Eivissa, 1957) es el único conseller ibicenco del Govern progresista de Armengol, lo que supone para él «un orgullo» y una «responsabilidad» el tener una área de trabajo tan amplia. Boned cree que «a veces es cierto» que las Pitiüses han estado abandonadas por el Ejecutivo balear.
—Ya han dicho que modificarán la Ley del Suelo. ¿Qué no les gusta?
—No soy de estas personas que llegan a un sitio y en función de quién lo haya hecho lo borro inmediatamente. Estudiaré lo que hay y lo que esté bien no lo tocaré. Una parte de la Ley del Suelo fue aprobada con nuestros votos a favor y con un amplio consenso en el Parlament, pero hay otros apartados que tuvieron nuestro voto en contra y el de otros partidos. Éstos los volveremos a poner sobre la mesa, abriremos conversaciones con el Partido Popular también y veremos si somos capaces de conseguir un consenso más amplio.
—¿También tocarán los usos en suelo rústico?
—Seguramente, porque hay algunas cuestiones que se hicieron de manera inapropiada, como la regularización de viviendas ilegales en suelo rústico. El mensaje que da esta ley es que quien haya cometido una ilegalidad desde la Administración se le está ofreciendo un caramelo que le permitirá legalizar lo que ha hecho de manera ilegal. Una ley tiene que ser responsable y coherente, el infractor tiene que notar que tiene encima el peso de la ley. ¿Qué hay que revisar? Las sanciones son seguramente insuficientes además de contradictorias con la normativa actual. La gente tiene que darse cuenta de que cometer ilegalidades no acaba bien. Haremos el esfuerzo que haga falta, pero no debemos transmitir la sensación de que premiamos al infractor.
—¿Tiene otras medidas para proteger el territorio de espacios concretos?
—De espacios concretos hablaremos cuando sepamos cómo queda la situación actual. Si vamos a 2008, cuando se aprobó una normativa que protegía unos determinados terrenos en Mallorca y cuatro zonas en Eivissa [Benirràs, Roca Llisa, Punta Pedrera y Cala d'Hort] con la discrepancia en su momento del Partido Popular y, como consecuencia, en la pasada legislatura se desmontó esta protección y recuperar como urbanizables estos terrenos. Ahora tenemos que conocer perfectamente en qué situación están estos espacios que en su día fueron merecedores de protección porque nos podemos encontrar que en estos cuatro años que la situación no sea recuperable. Yo nunca he tenido la intención de proteger calles asfaltadas, pero tampoco es cierto que estos terrenos se encontraran en situación de urbanización avanzada, como se intentó transmitir. También habrá que mirar si hay nuevos espacios que sean dignos de esta figura de protección y regularizarlo todo con la modificación que se haga en la ley. Nuestra voluntad es mantener el valor patrimonial que a día de hoy tienen nuestras islas, porque hablamos de la fuente de riqueza que permite que el turismo sea la locomotora económica. Si no tenemos un territorio digno de admirar y disfrutar, nuestra economía peligra y a mí no me gustaría ser el responsable de poner en peligro el futuro de nuestros hijos y nietos.
—¿Caben más residentes y más turistas en Eivissa? ¿Tenemos margen para crecer urbanísticamente?
—Nuestro límite territorial no es ficticio y, por lo tanto, nuestras capacidades no son ilimitadas. En algún momento tendremos que reconocer que hay que poner límites, porque si no conseguiremos mucho pan para hoy y mucha hambre para el futuro.
—¿Qué puede hacer usted para que en Eivissa haya más conexiones aéreas en invierno?
—Estamos planteando desde el Govern la necesidad de hacer frente a una situación que es especialmente grave en Eivissa, Menorca y, por supuesto, a Formentera. Tenemos que hacer entender a quien corresponda que el transporte aéreo en estas islas no es un vicio ni un lujo, sino una necesidad y, por lo tanto, se le tiene que dar el tratamiento que necesita. A pesar de que en su momento se le dio una declaración de servicio público entre islas, cuyo resultado ha sido malo: los billetes son caros, las frecuencias a veces no son las necesarias, el trasladarse a hacer gestiones de Eivissa o Menorca a Palma es un problema. Nuestra propuesta pasa por plantear una tarifa plana en el transporte interinsular. No lo podemos hacer solos, hay que conseguir la colaboración del Ministerio de Fomento, que se dé cuenta de que la insularidad no es un capricho y que los ciudadanos de estas islas tenemos tantos derechos como los otros que disfrutan de macroinfraestructuras como el AVE.
—En los últimos años la inversión del Govern en movilidad terrestre en las Pitiüses ha sido irrisoria en comparación con el dinero destinado para trenes en Mallorca. ¿Va a seguir siendo así?
—No puede seguir siendo así, porque ha sido tan tan tan reducida en estos años que ha sido de cero euros. Me parece que valorar las necesidades en transporte terrestre de Menorca, Eivissa y Formentera con cero euros es menospreciar a los ciudadanos de estas islas. Sabemos que las competencias están transferidas [a los Consells] pero esto no puede ser excusa. Si hay que pactar nuevos convenios, hagámoslo. Busquemos la fórmula para que redistribuyamos más equitativamente los fondos destinados a transporte terrestre que tendrá el Govern, es una de las cosas que hay que tener en cuenta de cara a los presupuestos de 2016. Lo que tengamos, hay que distribuirlo mejor, porque la partida no puede ser cero.
—Los taxistas ibicencos están hartos de ver cómo los piratas les quitan el trabajo. ¿Se puede hacer algo más contra esta actividad ilegal?
—Estamos obligados. Esta actividad pirata hace mucho daño y pone en peligro a muchas familias y turistas que se ven involucrados. Si fueran conocedores de la situación en la que se encuentra seguro que no los utilizarían. Pero hay que tener claro que si seguimos padeciendo este problema es porque la normativa de la que disponemos es insuficiente. Y como tenemos que buscar soluciones, planteemos una nueva normativa la solución a este problema. En un momento u otro llevaremos a debate al Parlament una nueva ley de movilidad de las Illes Balears donde recojamos aquellas necesidades normativas que sirvan para que realmente encontremos una solución a este problema. Y, sobre todo, que la solución castigue al infractor, porque con la normativa actual tiene una repercusión directa en empresas y personas que no tienen relación voluntaria con esta actividad, como las empresas de alquiler de coches.
—¿Puede avanzar algún aspecto de esta nueva normativa?
—Tenemos que buscar la fórmula para que, conjuntamente con los Consells y ayuntamientos, aprendamos de lo que nos está pasando ahora. Hay que analizar los problemas a los que se enfrenta el sector del taxi, escuchar propuestas y, entre todos, con un equipo técnico y jurídico, articular esta nueva normativa para acabar con esto.
—Su Conselleria tiene las competencias en materia de vivienda. ¿Qué planes tiene al respecto?
—El primer planteamiento que hacemos desde el área de vivienda es ser conscientes de las situaciones graves que ahora suceden: hay una parte importante de la población con dificultades para acceder a la vivienda con motivo de la crisis. Tenemos el Ibavi, que hasta el momento ha tenido el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos VPO con un precio de compra inferior al del mercado libre pero, ¿quién nos las compra? Lo que tenemos que hacer es buscar fórmulas para que las viviendas lleguen a quienes las necesitan articulando políticas de alquiler. Queremos trabajar con aquellos stocks de viviendas que están vacías y que están en manos de unos pocos. El gran objetivo que tenemos desde la Conselleria es hacer de intermediario de forma que los propietarios de las viviendas vacías acepten alquilarlas a precios accesibles para las familias que lo necesiten.
—¿Ha hablado ya con los bancos?
—Hemos empezado a hablar con algunos grupos titulares de importantes bolsas de viviendas. Mi intención es hablar con todos porque necesitamos llegar a acuerdos, pero que nadie crea que si esto fracasa nos quedaremos aquí: si tenemos que buscar otras vías y tenemos la capacidad de poner en el mercado todas las viviendas que están vacías, también lo haremos. Ya ha habido alguna propuesta a nivel municipal solicitando gravámenes tributarios para entidades financieras que tengan viviendas vacías. Ésta es una de las opciones que no se tienen que descartar, pero mi primera propuesta es sentarme y llegar a acuerdos. Las entidades financieras pueden colaborar y darle una salida a lo que hoy tienen paralizado y vacío, pero no nos temblará la mano a tomar otras opciones.
—En los últimos meses el Consell d'Eivissa ha dado luz verde a varios proyectos de parques fotovoltaicos. ¿Éste es el camino a seguir en materia de energía?
—El camino a seguir es ir sustituyendo la producción energética actual, que es muy contaminante, por otros sistemas limpios, las energías renovables, pero esto no se consigue de un día para otro. Creemos que hay un elemento natural que no hemos tenido en cuenta y que empieza a despertar inquietudes en otros lugares y es la energía que nos puede aportar el mar. Quizás en Eivissa no hablamos de molinos pero se empiezan a dar avances importantes por parte de gente que está poniendo en práctica proyectos importantes.
—¿Tiene algún proyecto encima de la mesa?
—No, estamos analizando la idea de cómo planificar un aprovechamiento de este tipo. Nos sentaremos con gente experta y miraremos cómo podemos aplicarlo en nuestras islas.