Una treintena de vecinos de Sant Josep asistieron ayer a la reunión informativa organizada por el Ayuntamiento para explicar la problemática del agua del municipio.
El alcalde Josep Marí Ribas ‘Agustinet' anunció que el gerente de la Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), dependiente del Govern balear, prevé que las obras de la interconexión de las desaladoras de Vila, Santa Eulària y Sant Antoni empiecen a mediados de septiembre. Además, aseguró que todo indica que este invierno se podrá solucionar el tema de la desaladora de Santa Eulària que, finalizada en 2012, sigue cerrada por un sobrecoste de 19 millones de euros que ninguna administración quiere asumir. Por ello, desde el Consistorio confían en que en un año el municipio tenga agua buena.
De todas formas, reconocieron que el consumo de agua desalada tendrá un coste «más elevado» para los vecinos y que con este nuevo suministro el objetivo será recuperar los acuíferos. Aunque la intención será cerrar los pozos públicos para poder hacer efectiva esta recuperación, los vecinos también reclamaron un mayor control de los pozos privados.
En este sentido, el promotor de la iniciativa SOS H20, Jordi Serra, propuso cobrar un canon para aquellos que usen su perforada, ya que el agua «es un recurso público» y «se tienen que evitar abusos». «Si se puede controlar algo tan banal como el aparcamiento, ¿cómo no se va a poder hacer con el agua?», destacó Serra, que contó con el apoyo del responsable de Aqualia, que reconoció que «hay un problema con la falta de control».
Los vecinos también manifestaron que no entendían cómo habiendo una desaladora acabada desde hace tres años, los políticos «dejan que los pozos se agoten».
Sant Josep es el municipio más afectado por la falta de agua potable por la salinización de sus pozos. Además cuenta con una red municipal que tiene unas pérdidas del 45%, por lo que el Ayuntamiento tiene previsto destinar hasta el 70% de las inversiones en mejorar las canalizaciones. «Nos hemos dormido y tenemos que recuperar el tiempo perdido», reconoció el propio ‘Agustinet', que aseguró que el Ayuntamiento está obligado por ley a garantizar agua potable únicamente en los núcleos urbanos.