La Asociación Salvem Sa Penya valoró ayer de forma positiva, pero a la vez con cierta incertidumbre, la sentencia del TSJB que asegura que el Ayuntamiento de Eivissa tramitó de forma correcta las expropiaciones de las UA27, UA2 y UA3 y admite la petición de autorizar la entrada a las viviendas de las calles mencionadas, aunque no entra en el fondo de la cuestión (autorizar directamente el desalojo o no) e insta al Juzgado Contencioso nº1 a que decida sobre si habrá desalojo o no.
Precisamente, fue este juzgado quien inicialmente denegó la entrada, algo que inquieta a los vecinos: «Estamos aterrados, puesto que ahora tiene que decidir sobre el fondo del asunto el mismo juzgado que no ha querido o no ha sabido ver algo que el TSJB ha considerado que era evidente. La sentencia del TSJB es clara y contundente, revocando en todos sus extremos la sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº1 de Palma que inadmitía la entrada a los domicilios», explicaron desde la asociación.
El hecho de que esta sentencia dé la razón al Ayuntamiento y avale que las actuaciones seguidas por el Consistorio fueron correctas anima a los vecinos a continuar: «El TSJB entiende que el Ayuntamiento ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos o formalidades que la ley exige en este procedimiento. Este es quizá el único aspecto que nos anima a seguir adelante, saber que el Ayuntamiento está haciendo las cosas bien y que si el procedimiento no puede ir más rápido es por una incomprensible actuación del Juzgado», aseguraron. Los vecinos de sa Penya no quieren criticar y aseguran que respetan las decisiones de la Justicia, pero explicaron que siguen «sin entender el por qué de la resolución que en su día dictó el Contencioso nº1 de Palma, denegando la entrada en domicilios». Esa decisión, según precisaron, retrasó todo el proyecto de rehabilitación del barrio de sa Penya «y los vecinos estamos ya al límite de nuestra paciencia...psicológicamente estamos muy tocados», concluyeron.