El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, y la consellera insular de Territori i Mobilitat del Consell d'Eivissa, Pepa Marí, avanzaron ayer la intención del Govern y del Consell de emprender modificaciones normativas que permitan hacer más eficaz la lucha contra el intrusismo en el sector del transporte. El objetivo es que la nueva normativa pueda ser aplicable ya la próxima temporada turística, para que no se repitan las situaciones problemáticas que se vienen arrastrando y que denuncia reiteradamente el sector del taxi.
Así, el objetivo es modificar la Ley Balear de Transporte y, además, redactar un Reglamento de esta ley que, según explicó Boned, «pueda recoger las especificidades de cada isla con sus problemáticas particulares, para que sea una herramienta útil y aplicable».
Boned anunció también que el Govern se integrará en la comisión insular de transporte en el seno de la cual se aborda la problemática del transporte y defendió la necesidad de que las soluciones que se adopten sean producto del debate y consenso entre Govern, Consell, ayuntamientos y sectores profesionales implicados.
Plan de Movilidad
El conseller ibicenco destacó la importancia de que se adopten soluciones globales con la mirada puesta en un futuro Plan de Movilidad de la isla de Eivissa, que defina y articule el sistema de transporte público.
Entre las finalidades que debe tener la nueva normativa de transportes, Boned y Marí apuntaron que necesariamente se deben articular mecanismos que faciliten la tarea inspectora y sancionadora para hacer más efectivo el control del transporte y luchar contra el intrusismo.
En este sentido, se avanzó la intención de simplificar las tramitaciones dado que el actual sistema «es largo y farragoso y hace que se pierda efectividad». Boned también deslizó la posibilidad de inmovilizar vehículos.
El conseller balear restó profundidad a la posibilidad de retirar puntos del carné a los ‘piratas': «Es una opción con la que se trabaja, pero tenemos que hacer un estudio de efectividad de esta medida. Hablamos de infractores, quien ya es un infractor le da igual tener o no puntos».
Por su parte, la consellera insular Pepa Marí reconoció la dificultad de realizar las sanciones inspectoras de manera efectiva, ya sea por problemas de competencias como por las carencias de personal que sufre el Consell. Marí destacó la cooperación con los Ayuntamientos y los cuerpos de seguridad, y aseguró que el objetivo es que las inspecciones mejoren su efectividad de cara al verano de 2016.
Falta personal
La consellera socialista recordó que la Ley Montoro «ha implicado que la administración publica tenga muchos problemas no solo para contratar más gente, sino suplir bajas y cubrir las necesidades de parte de la administración». En este sentido, apuntó a una «reorganización de departamentos» para tener «más efectividad a la hora de inspeccionar y tramitar, simplificar trámites y que el trabajo sea más eficiente». Por su parte, Joan Boned afirmó que «es falso el argumento que utiliza el PP de que se mejora la eficiencia con recortes salvajes». «Esta reducción de plantillas y recortes comporta ineficacia y menor capacidad de dar los servicios que se corresponden», concluyó.