El grupo popular en el Consell d'Eivissa criticó ayer el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado por el Consell de Govern, que deja sin efecto los aspectos más urbanizadores de las leyes de suelo, turística y agraria, aprobadas en la legislatura anterior.
En particular, la normativa pretende acabar con las amnistías a infractores, pero no paraliza ninguna actividad económica, tal y como puntualizaron los consellers del Govern balear Biel Barceló, Joan Boned y Vicenç Vidal, que incidieron en que el decreto ley sigue la línea de «un nuevo modelo económico sostenible en las islas, y en contra de la especulación urbanística y del territorio».
El decreto ley entra en vigor de forma inmediata y deja en suspenso hasta diciembre de 2017 cerca de medio centenar de artículos, disposiciones y puntos de la ley del suelo, suelo rústico, turismo, agraria y la normativa que afecta a las áreas protegidas (ANEI) de Eivissa y Formentera, entre ellas la edificación de varias viviendas prevista en Benirrás (Sant Joan).
Legislación anterior
El anterior de gobierno del Partido Popular permitió en 2012 la construcción en zonas ANEI con una parcela mínima de 50.000 metros cuadrados en Eivissa y de 30.000 metros cuadrados en Formentera.
Desde entonces, se concedieron un total de 35 licencias para edificar en los municipios de Sant Josep (siete), Sant Antoni (catorce), Sant Joan (siete), y Santa Eulària (seis), además de una vivienda en una zona ANEI entre los municipios de Santa Eulària y Sant Antoni.
Para el popular Mariano Juan, «si se quiere reducir esta presión se podía establecer otro criterio y no una moratoria», un tipo de suspensión temporal que a su juicio «aplica este equipo de gobierno desde que entró a gobernar». «Las moratorias lo que hacen es la paralización de una actividad y, por tanto, más paro y más miseria», denunció.
La suspensión y no derogación de los artículos de las leyes citadas se lleva a cabo por «ética», según indicó el ibicenco Joan Boned, ya que el objetivo es conseguir una modificación de las normativas en la que todos los sectores afectados y los grupos parlamentarios puedan realizar sus aportaciones para su posterior aprobación en la cámara balear.
El decreto ley termina con construcciones ilegales y la posibilidad de ubicar nuevos campos de golf y grandes equipamientos en suelo rústico y racionaliza las mejoras en establecimientos turísticos, que se podrán llevar respetando la «coherencia» con la normativa urbanística general.
El vicepresidente del Govern balear apuntó que con ello se detiene «la presión» sobre el territorio y la posibilidad de crear una nueva burbuja inmobiliaria que «ha llevado a una mayor crisis y corrupción».
En la ley turística, explicó, se regresa «a la normalidad y seguridad jurídica», y con lo que se limita los cambios de uso, que en el caso, por ejemplo, de los hoteles que se podían convertir en un edificio de pisos, ahora solo se podrá realizar si el plan municipal lo prevé y permite.
Inversión hotelera
Barceló especificó que se siguen impulsando las inversiones económicas, por lo que las reformas y ampliaciones en establecimientos hoteleros continuarán, pero se establecen condiciones como que las mismas no podrán ser superiores al 20 % del volumen y edificabilidad, frente al 40 % que permitía la urbanística aprobada durante el Govern del PP.
En cuanto a las zonas hoteleras maduras, solo se podrán construir una planta más (y no dos) en los establecimientos hoteleros, para destinarla a servicios, como climatización y ascensores.
En este sentido, Mariano Juan recordó que las políticas llevadas a cabo durante la anterior legislatura «lo que intentaban era reactivar la economía». «En Eivissa, donde la economía depende del turismo, había parte de esta normativa encaminada al sector hotelero y a fomentar un turismo de calidad, pero a ver ahora la seguridad jurídica, porque quien tenga un inversor o si alguien quiere invertir se lo pensará dos veces antes de venir a Eivissa, cuando hay cambios tan radicales en cuestiones urbanísticas y de turismo», subrayó.
Por su parte, la consellera de Territorio del Consell d'Eivissa, Pepa Marí, recordó que poner fin a la amnistía urbanística era «un compromiso con los ciudadanos que se ha visto cumplido». «El territorio es lo más importante que tenemos –subrayó la consellera socialista– y esto es solo una primera actuación de cara a la protección de nuestros espacios y vamos a seguir trabajando para proteger nuestro patrimonio natural, que es nuestra riqueza».
LA NOTA
GEN: “Se ha avanzado en la línea que proponemos”
El representante del GEN en Eivissa, Joan Carles Palerm, valoró positiviamente el paquete de medidas, sobre todo aquellas que afectaban a suelo rústico. “ La legislación anterior no iban en el sentido de favorecer al sector agrario ya que permitía la creación de actividades paralelas turísticas, como campos de polo. Se podía construir hasta prostíbulos en suelo rústico”, denunció.