El Ayuntamiento de Vila ha empezado a trabajar tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma que les da un plazo de cuatro meses para desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente de la UA27 y las UA2 y UA3 de sa Penya. La intención del Consistorio es actuar de forma «inmediata» para que las viviendas no se vuelvan a ocupar una vez se hagan los desahucios, por lo que esperan dejar inhabitables las 19 infraviviendas antes de que empiece el verano. Para esta intervención el Ayuntamiento cuenta con una partida de unos 40.000 euros, presupuestada en 2014 por el área de Patrimonio, aunque ahora deben estudiar qué tipo de actuación se llevará a cabo. A continuación, invertirán alrededor de dos millones de euros, a través del Consorcio Patrimonio de la Humanidad, a la construcción de un nuevo edificio, que destinarán a alquiler social y que esperan tener en marcha a finales de año.
«Nadie en la calle»
La parte más delicada a la que se enfrenta Vila es la reubicación de las 19 familias que actualmente viven en estas viviendas. Según los últimos datos que manejan de hace unos seis meses, hay 80 personas (50 adultos y 30 niños), aunque tal como reconocieron esta cifra «puede cambiar de un día para otro», por lo que no saben cuántas personas se encontrarán exactamente. «Nos salen que hay 80 personas, pero a lo mejor vamos y hay 120», remarcó el primer teniente de alcalde, Joan Ribas, que recordó que en verano «hay mucha población flotante que puede acabar viviendo allí», motivo por el cual quieren actuar antes de que empiece la temporada «para que el problema no sea más grande».
El edil quiso dejar claro que «el Ayuntamiento no dejará a nadie en la calle» y que se tratará cada caso «familia por familia» y según «la circunstancia de cada una se buscará una solución concreta». En este sentido, explicó que existe «un abanico muy amplio de soluciones», como subvencionar alquileres u ofrecer ayudas en transporte para las familias que quieran volver a su lugar de origen.
Joan Ribas reconoció que hay familias «más reacias» para salir, pero que intentarán llegar a un acuerdo con todas para que «salgamos todos satisfechos». Lo que no harán es «crear otro gueto» ubicándolos en otro punto de la ciudad. «No vamos a sacarlos de allí para colocarlos en otro lugar porque solo se trasladaría el problema de sitio», apuntó Ribas, que explicó que la mayoría de viviendas que se tapiaron se han vuelto a ocupar.
El concejal de Cultura y Patrimonio, Pep Tur, aseguró que es «difícil» dar una fecha de finalización de la rehabilitación del edificio, ya que dependerá del proceso administrativo, que debe pasar por la redacción de los pliegos, el concurso de ideas, la presentación de proyectos y la contratación. «Nos gustaría tener el edificio hecho en esta legislatura», apuntó Tur, que recordó que la intención del equipo de gobierno es convertir sa Penya en un barrio residencial. Para ello, se estudiará la instalación de otras infraestructuras «que faciliten la vida de barrio», como un pequeño supermercado, una cafetería o una panadería, aunque remarcó que, de todas formas, «se irá viendo sobre el tiempo y los locales disponibles y sin cerrar puertas a propuestas de la iniciativa privada».
Por último, Pep Tur, señaló que aunque el auto admite recurso de apelación, «en ningún caso supondría la paralización del proceso». El Ayuntamiento deberá notificar a las familias la ocupación de las viviendas con 15 días de antelación al desalojo forzoso.
Satisfacción por la resolución
Desde la asociación Salvem Sa Penya celebran que el auto del juez «deje tan claro» que debe haber un desalojo forzoso de las viviendas ocupadas ilegalmente en el barrio. En este sentido recordaron que en el documento legal se refleja que el Ayuntamiento ha actuado siguiendo los procedimientos adecuados y que han estado ofreciendo ayuda a las familias, que no ha sido aceptada. Si bien están contentos porque el juzgado en esta ocasión ha respondido rápido, recuerdan que este auto debería haber llegado «hace un año, que fue cuando inicialmente el mismo juzgado denegó el desalojo», explicó uno de los portavoces de la asociación. Desde Salvem Sa Penya confían en que el Consistorio haga efectivo el desalojo en estos cuatro meses y que no haya demoras porque, en el caso de que no se haga en el periodo marcado en el auto judicial, «se podría pedir una ejecución de sentencia, que implicaría que tendría que ser inmediato». En este sentido esperan que Vila les deje «participar» en la recuperación del barrio aportando ideas.