Casi tres meses después de la celebración de las elecciones generales, el país continúa con un Gobierno en funciones y con la ‘amenaza' de nuevos comicios en el horizonte. Sin embargo, la vida continúa en las demás administraciones, que ven como la interinidad del Ejecutivo estatal no influye demasiado en su día a día. Así al menos lo aseguran desde los ayuntamientos ibicencos, aunque con una excepción: la Ley Montoro.
Esta normativa, que es conocida por el apellido del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (su nombre oficial es el de Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) se aprobó a finales de 2013 con el objetivo de frenar el gasto excesivo de las administraciones públicas limitando, entre otras cuestiones, la contratación de más personal.
«No tenemos ningún gran proyecto pendiente del Gobierno, pero la Ley Montoro sí que afecta a nuestro funcionamiento, creo que es el momento de replantearse el derogarla parcial o totalmente porque no estamos en la misma situación que cuatro años atrás», asegura el concejal de Reinicia Sant Antoni, Fran Tienda, que explica que para contratar a más personal «tenemos que externalizar el servicio».
Tienda señala «la falta de personal en todos los departamentos», aunque la prioridad del equipo de gobierno portmanyí «es la seguridad». En este sentido, el regidor explicó que gracias a una reestructuración interna conseguirán tener más agentes de policía en la calle. «La mayor urgencia es aumentar la plantilla de la policía», destacó Tienda.
El concejal de Reinicia también apuntó que la Ley Montoro les ha impedido contratar un bedel para el último colegio público construido en el municipio, lo que obliga a los demás conserjes a rotar para que ningún centro educativo esté sin servicio.
En el Ayuntamiento de Sant Josep coinciden con sus vecinos de Portmany y aseguran que la Ley Montoro les tiene atados de pies y manos. «Esperamos que haya un cambio de gobierno y se pueda derogar la ley para poder contratar a más personal y responder a las necesidades que tenemos en policía y administrativos», sostienen desde Sant Josep.
En Vila, por su parte, no tienen ninguna queja con el Gobierno en funciones, ya que la semana pasada el Ministerio de Hacienda les dio el visto bueno a los proyectos que presentaron para el Fondo de Impulso Económico, cuyo crédito firmaron el pasado viernes. «Los proyectos derivados de otras instituciones que dependen del Gobierno central, como Paradores, tampoco han sufrido ninguna demora, y lo mismo con sa Graduada», comentan desde Can Botino, donde destacan el trabajo llevado a cabo por el personal de la casa «para que estos proyectos, que han estado parados durante mucho tiempo, sean una realidad y hayan quedado desbloqueados en los últimos meses».
Por último, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària se felicitan por el desbloqueo en los últimos meses de la situación de la desaladora del municipio, que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha traspasado al Govern tras resolver el contrato con la concesionaria. También destacan que antes de la celebración de las elecciones se hubiesen aprobado los presupuestos generales del Estado. «Esto nos ha ayudado a mantener la normalidad», sentencian.