El presidente del Consell, Vicent Torres, y la consellera de Serveis Socials del Govern, Fina Santiago, iniciaron ayer la ronda de contactos para que la institución insular recupere las competencias de las residencias de Sa Serra y Can Blai aunque no se han concretado la cantidad económica. Al finalizar la reunión, Torres anunció que «se ha trazado una línea de trabajo para que en los próximos meses se tenga evaluado esta futura gestión». El Govern tendrá que dar información al Consell de las dos residencias para que la estudie el Consell. «La evaluaremos. Haremos nuestros propios números, desde el departamento de la consellera Lydia Jurado, para que próximamente tengamos una decisión más clara», dijo Torres.
En el plazo de un mes se tendrá que disponer del informe jurídico para materializar la gestión y aclarar «las discrepancias entre los juristas de las instituciones», apuntó Santiago, respecto a esta competencia. El Govern hará una propuesta del coste de personal y de servicios. La cifra que se maneja actualmente es la que se está gastando ahora el Govern en las residencias, aunque Santiago precisó que «el Consell quiere que sea un precio de gestión pública, no de un precio privado como está ahora». Jurado dijo, en este sentido, que antes de asumir la gestión «hay que ver lo que se dirime de los estudios que realizamos, uno de nuestros acuerdos de gobierno era asumir la gestión de las residencias; lo preferible sería asumirlo en 2017».
Respecto a las quejas de Sa Serra, la consellera de Serveis Socials aseguró que se «quiere dar calidad del servicio» pero reiteró que el contrato se cumple. Santiago tendrá mañana una reunión en Palma con la empresa Novaedat, que gestiona Sa Serra, «para ver si podemos llegar a un acuerdo de mejora de los servicios». Dijo que «lo fácil para la empresa sería pedir dinero al Govern para mejorar el servicio, pero se comprometió a tener una calidad en el servicio a un precio determinado, lo que no se puede hacer, porque roza casi la prevaricación, es hacer un contrato y como no lo puedo gestionar pedir más dinero; si has dicho que lo puedes hacer, has de hacerlo». Aseguró que «este modelo de contrato, titularidad pública y contratación externa privada, no está funcionando en nuestra comunidad para dar servicios de residencia, ya hemos rescatado Can Blai y ahora tenemos dificultades de calidad», señaló en alusión a Sant Antoni.
Santiago reiteró que en el caso de Sa Serra se cumple con el contrato. «El problema es el origen. El Govern anterior no concertó estas plazas, no las hizo públicas. Se hizo un contrato a la baja. La empresa presentó un dos por ciento menos del contrato total, ese es el problema. El contrato se cumple, no tengo ningún informe jurídico que diga lo contrario, pero es un contrato a la baja. Queremos dar calidad del servicio y antes de suceder esto acordamos no renovar el contrato».
La consellera de Serveis Socials negó que la decisión adoptada ayer en el Consell se haya tomado a raíz de las quejas de los usuarios. «Estamos hablando de ello desde principio de legislatura y si el objetivo es del 1 de enero de 2017 se ha de comenzar en trabajar con documentos y presupuestos. El acuerdo político es previo. Esta reunión estaba puesta hace un mes porque las agendas son complicadas», comentó.