El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa citó a declarar el 14 de abril a Francisca S., propietaria de la residencia conocida como Casa Lola, por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
La citación es fruto de la denuncia penal presentada por el Consistorio de Sant Josep después de detectar diversas infracciones urbanísticas en la finca.
Francisca S., según han explicado fuentes municipales, ha sido también denunciada por el Ayuntamiento por un presunto delito de desobediencia al haber quitado el precinto policial de las obras que debían ser paralizadas por orden municipal.
En su declaración, la propietaria manifestó que su gerente en aquellos momentos, del cual no recordaba el nombre, era quien llevaba los trámites ya que ella no estaba en Ibiza cuando se pusieron en marcha los trabajos.
El gerente le habría confirmado que sí había pedido la preceptiva licencia.
La mujer también fue interrogada sobre si tenía constancia de que el Consistorio había decretado la paralización de las obras, ya que se habían presentado alegaciones al expediente municipal por parte de la propiedad.
Sobre este tema manifestó que en aquella época estaba cumpliendo condena en prisión, por lo que fue el gerente quien se encargó de todo. Después, la mujer se acogió a su derecho a no seguir declarando.
A petición de la letrada del Consistorio, el juez ha dado 5 días a Francisca S.para que aporte al Juzgado los datos del gestor que, supuestamente, se hacía cargo de los asuntos urbanísticos de Casa Lola.
Según ha recordado el Consistorio, las obras ilegales que han motivado la denuncia son 8 volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933 metros cuadrados, terrazas cubiertas con una superficie total al 100 por cien de 342 metros cuadrados, terrazas descubiertas con una superficie total de 414 metros cuadrados, dos piscinas y, además, muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloques prefabricados de hormigón y piedra natural.