Un día después de los desalojos de las viviendas de la UA27 del barrio de Sa Penya, el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, mostró ayer públicamente su satisfacción por cómo se había desarrollado la operación, aunque insistió en mantener la «cautela» ante la probabilidad de que las personas que ocupaban ilegalmente estas casas vuelvan a entrar.
«La sensación en la calle es muy positiva. Estamos recibiendo muchas felicitaciones, pero no debemos ser triunfalistas y ser conscientes de que es un paso importante pero no definitivo para el barrio», señaló.
Más vigilancia
El dispositivo especial de seguridad, formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) venidos desde Valencia y por la Policía Local, se mantuvo todavía ayer desplegado por el barrio. Ruiz no especificó el día que terminará por «prudencia», pero sí que señaló que en la Junta Local de Seguridad de Vila prevista para la próxima semana pedirá más efectivos de la Policía Nacional que ayuden a vigilar el barrio en los próximos meses hasta que el Consistorio pueda llevar a cabo «una solución definitiva». Una cuestión en la que, según el alcalde, el comisario jefe de Eivissa, José Luis Garau, «tiene interés y está dispuesto a colaborar».
Derribar y tapiar
En un comunicado, el Ayuntamiento de Eivissa explicó que los servicios de limpieza continuaron retirando ayer residuos de las viviendas situadas en las calles Alt y Retir. También los técnicos municipales junto a la empresa de obras siguieron derribando el interior de las 23 viviendas recuperadas y tapiando con cemento sus accesos, un trabajo que incluye puertas, ventanas, claraboyas y cualquier abertura hacia el exterior y que todavía se alargará unos días.
Respecto a la situación de las familias desalojadas, el alcalde de Eivissa aseguró que el 50% disponen ya de un lugar donde vivir y han recibido ya la ayuda definitiva que negociaron con el Ayuntamiento. El resto de personas que no han aceptado lo que les ofrecía el Consistorio continúan trabajando con los servicios sociales municipales y, según Ruiz, «poco a poco encontraremos una solución» a través de aportaciones para comprar billetes para salir de la isla o ayudas temporales para alquilar casas fuera de la isla «siempre que ellos tengan una buena predisposición», remarcó.
Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento, de las familias afectadas por la primera sentencia ejecutada el martes, 14 unidades familiares han resuelto su situación y otras seis está «en vías de solución y con buen pronóstico».
El futuro de Sa Penya
El alcalde de Vila afirmó además que se están dando «primeros pequeños pasos» hacia la revitalización de Sa Penya. «Una vez hechos los desalojos, pondremos la maquinaria a todo motor para empezar la rehabilitación de este espacio», dijo Ruiz quien añadió que, para llevar a cabo este proyecto, necesita también la colaboración del Consell de Eivissa y del Govern balear.
El equipo de gobierno deberá realizar un anteproyecto con las actuaciones previstas en la zona, principalmente viviendas protegidas, aunque, como señaló el alcalde, la puesta en marcha de este plan «no será cuestión de meses».
El presupuesto del Consorci Patrimoni de la Humanitat cuenta con una partida de 1,4 millones de euros para ejecutar esta actuación aunque se podría ampliar.