La Conselleria de Medi Ambient balear intentará llegar a un acuerdo para que se produzca, «cuanto antes», la firma política para que la desaladora de Santa Eulària pueda empezar a funcionar este verano. Así se expresaba ayer el conseller de Medi Ambient balear, Vicenç Vidal, que aseguró que el próximo lunes se enviará un nuevo documento al Ministerio «para intentar llegar a un acuerdo». Vidal aseguró que la voluntad del Ministerio es llegar a un entendimiento para que se produzca la firma política entre las dos administraciones, ya que desde el 15 de febrero el Govern ya dispone de la desaladora.
El conseller no quiso suscribir las palabras de la vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, que ayer tras la reunión del Consell Executiu, aseguraba que esta firma se produciría «en diez días». Asimismo, Vidal anunció que, si se acepta el próximo borrador, la desaladora podría entrar en funcionamiento este verano para dar servicio a Santa Eulària, «pero no se podrá hacer la interconexión».
El problema, según el conseller balear, es el sobrecoste de un 56,5% con el que se terminó la obra, que asciende a 24 millones de euros más de lo presupuestado.
Al parecer, se había llegado a un principio de acuerdo entre las dos administraciones por las que el Ministerio pagaría este sobrecoste y la Conselleria se haría cargo del pago de las obras de interconexión por un valor de 2.400.000 euros, pero éste no se ha llegado a materializar. Vidal aseguró que el objetivo de la Conselleria es que estos costes no repercutan en la institución balear.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente mostró «su voluntad de colaborar con el Gobierno balear para resolver este asunto y hacer posible el suministro de agua».
La historia de la desaladora de Santa Eulària se remonta más de diea años atrás, ya que el 20 de septiembre de 2005 se adjudicó definitivamente la obra de la desaladora a la Unión Temporal de Empresas IDAM Santa Eulària por un importe de 14 millones 100 mil euros. El 13 de mayo de 2010 se firmó un modificado del proyecto de algo más de 8 millones de euros y el 7 de diciembre de 2011 se firmó el «acta de conformidad de las instalaciones». En 2013 empezaron los trámites para el rescate y el pago de la indemnización por parte del Estado.