El Ayuntamiento de Sant Antoni renovará el convenio suscrito con los Centros Especiales de Ocupación (CEO) para contratar a operarios discapacitados o en riesgo de exclusión social para realizar tareas de jardinería, obras o mantenimiento en el municipio.
Los concejales de Medio Ambiente y Servicios Sociales del consistorio, Pablo Valdés y Neus Marí, destacaron ayer el «buen trabajo» llevado a cabo por la brigada integrada por cuatro personas, un capataz y tres operarios, contratados a través de la fundación Deixalles, Aspanadif y Apfem a través de los CEO en la que diferentes empresas ofrecen la oportunidad de integrarse en el mercado laboral a estas personas.
Entre otras labores, los cuatro operarios han lijado y pintado las torres de vigilancia de las playas de s'Arenal, es Puetó y Caló des Moro y han barnizado el parque infantil del Passeig de ses Fonts, han eliminado grafittis, retirado pegatinas de fachadas y señales de tráfico y han pintado las farolas de las calles Ample y Balançat.
«Sant Antoni ya trabajó en 2015 con estos colectivos para la adecuación de los jardines de algunos espacios culturales municipales y quedamos muy satisfechos», afirmó Valdés.
El concejal de Medio Ambiente elogió también «la puntualidad y el rendimiento» de los operarios en las mejoras acometidas y aseguró que la calidad de los servicios prestados «está a la altura de los que pudiera haber ofrecido cualquier empresa».
Por su parte, el capataz de la brigada destacó la evolución personal de los operarios gracias a «tener una rutina, aprender una técnica y conseguir tener productividad».
La responsable de Servicios Sociales, Neus Marí, aseguró que seguirán contando con este tipo de trabajadores porque «nadie pone más ganas en su trabajo que estos colectivos».ç
LA NOTA
«Por cada euro invertido la sociedad gana 5»
La portavoz de la Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Apfem), Antonella Greco, asegura que «por cada euro invertido en este tipo de colectivos, se retorna a la sociedad cinco». Según explicó, el hecho de que estas personas estén activas y hayan dejado de cobrar el paro o prestaciones por discapacidad hace que utilicen menos los servicios sanitarios, al mismo tiempo que fomenta su sociabilización y su nivel adquisitivo.