Medio centenar de afectados por los desalojos de sa Penya llevaron acabo ayer una concentración por el Día de la Resistencia Romaní (el levantamiento de miles de gitanos en el campo de concentración de Auschwitz contra el intento de exterminio por parte de los nazis, en 1944) junto al Mercat Vell de la Marina, donde aprovecharon para denunciar «amenazas», ajenas al Ayuntamiento, según precisaron, de retirarles la custodia de sus hijos si continúan exponiéndolos públicamente en sus actos de protesta.
En la concentración, también reivindicaron «alquileres dignos» y acusaron al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vila y a su alcalde, Rafa Ruiz, de no tener «corazón» y de «gastar más dinero (27.000 euros) en un muro que en unas ayudas (25.000 euros)», de las que afirman no haber «visto un duro».
Acusaciones
«Las mujeres tienen miedo de que les quiten a sus niños. Por ahí se ha escuchado que hasta han amenazado a alguna con quitarnos a los niños si los ponemos en este tipo de actos. ¿Por qué una mujer tiene que vivir con miedo de que le quiten a sus hijos?», se pregunta Sebastián Navarro, uno de los portavoces de esta agrupación.
Sandra afirma ser una de las afectadas por estas advertencias y, aunque prefiere no desvelar su procedencia, apunta a «protección de menores»: «Hemos recibido bastantes amenazas, no del Ayuntamiento, pero nos dicen que están mirando dónde vivimos, a qué colegios llevamos a nuestros hijos... y tenemos miedo».
La joven asegura que hace cuatro años ya se vio afectada por un desalojo y que el anterior equipo de gobierno le «prometió» entonces una vivienda de protección oficial. «Me hicieron firmar en el Ayuntamiento hace cuatro años; ahora me han desahuciado y sigo esperando esa vivienda que me prometieron. Mi hija lleva dos semanas sin ir al colegio porque no tenemos casa», lamenta después de explicar que no puede abandonar la isla porque su marido tiene un contrato de trabajo y ella acaba de encontrar un empleo. «Nos han echado como a ratas. Sólo pido una casa, no me niego a pagar alquiler, luz ni nada. Las asistentas sociales me dicen que si quiero irme a Palma, pero no podemos irnos», subraya.
Mientras tanto, Sebastián Navarro afirma que la mayoría de ellos han nacido en Eivissa y están «integrados en la sociedad». «No somos unos marginales, y si lo somos es porque la gente nos margina. No queremos estar en un rincón, queremos tener una vida digna como cualquiera», reiteró.
Navarro acusó al Consistorio de conceder ayudas «en función de si firmas que te vas de la isla o no». «Que hagan un informe con nombres y apellidos de a cuántos han ayudado», prosiguió.
El portavoz de estos vecinos de etnia gitana dijo airoso que en sa Penya «no solo viven traficantes y yonkis, viven familias que pagan su alquiler como pueden», y criticó al Ayuntamiento de dejarlos «en la calle» en un momento en el que «los alquileres están por las nubes».
Otro de los portavoces, Sebastián Cortés, denunció que algunos afectados, entre los que se encuentra, «están perdiendo puestos de trabajo», al no disponer de un alojamiento estable, y advirtió de que si el Consistorio no atiende a sus reivindicaciones, continuarán con nuevos actos de protesta.