«Víctimas de un alquiler ilegal y de una cadena de casualidades fatales en el sistema judicial». Débora, Óliver y su pequeña de dos años, Noah, serán desahuciados hoy de la casa donde han vivido en Es Canar desde febrero de 2015.
«Estamos viviendo una auténtica pesadilla. Primero nos engañó, luego nos amenazó y ahora nos vemos en la calle», señaló Débora tras recibir la noticia de que no hay marcha atrás. Hoy serán desahuciados.
El 18 de enero, esta pareja denunció ante los juzgados de Vila a su arrendadora por un delito de estafa y amenazas. A partir de ahí «empezó la auténtica pesadilla», aseguran.
El alquiler
La familia vivía de alquiler en un bajo ubicado en la avenida Cala Nova de Es Canar. «Al nacer la pequeña necesitábamos algo más grande y la casa nos pareció perfecta, cerca de un centro de salud y bien comunicada», señaló Débora. Pagaban 500 euros de mensualidad. Según su versión, la casera se comprometió a remitirles el contrato pero pasaban los meses y éste no llegaba.
En noviembre, la pareja, que están en paro, necesitaba el contrato para solicitar una ayuda. Ante la negativa de la dueña de la casa, Débora le dio un plazo de 15 días pero en el Ayuntamiento de Santa Eulària le comunicaron que el lugar donde viven es un local comercial que no tiene cédula de habitabilidad.
La propietaria les aporta un contrato pero hace referencia a un «contrato de uso diferente de vivienda».
En la denuncia presentada por la pareja se recoge un atestado policial en el que la casera reconoce que les alquiló la casa.
Después de denunciar los hechos, el 24 de febrero, la propietaria presenta un requerimiento notarial en el que hace referencia al impago de varios meses y aporta un contrato que no está firmado por ninguna de la partes y fechado en 2013.
Paralelamente y según el relato de Débora y Óliver, la casera amenaza a la mujer y su pequeña, hechos que son denunciados ante la Guardia Civil de Santa Eulària.
En el juicio por faltas celebrado en Vila la denunciada fue absuelta.
Posteriormente, el 26 de abril la familia recibió un requerimiento de desahucio. Dos días después acuden al juicio con un abogado de oficio y les dan un plazo de 10 días.
«Primero sufrimos la maldad de la señora que nos engañó y luego sufrimos un cúmulo de ‘casualidades' judiciales. Nos fueron dando largas con la asignación de un procurador y el miércoles por la tarde nos dicen que ya no hay nada que hacer».
Según apuntan, desde los juzgados les comunicaron que el día «2 ó 3 de mayo hubo un fallo en el sistema informático y ahí se perdió la información».
Débora y Óliver también denuncian que coincidiendo con las fechas en que ellos presentaban alguna reclamación, la casera procedía al corte de algún suministro, primero la luz y luego el agua.
LA NOTA
Víctimas de alquileres ilegales
La pareja de jóvenes denuncia que detrás de su situación se encuentran «otros muchos afectados y víctimas de los alquileres ilegales».
En este sentido, apuntan que en el mismo inmueble donde viven, la propietaria posee otras dos casas y cuatro locales que «también destina a los alquileres».
«Nosotros ya estamos desahuciados pero esperamos que con esta denuncia se ponga freno a estas irregularidades».
Mañana sale él reportaje en teleobjetivo TVE 00:45