El PP en el Ayuntamiento de Ibiza presentará en el próximo pleno una moción de control para conocer el grado de cumplimiento de los acuerdos contenidos en el convenio marco de colaboración entre el Consell y el Ayuntamiento para la reapertura de la estación de autobuses del Cetis.
Asimismo, quieren conocer qué pasos se han dado en los últimos dos meses y medio en relación a este asunto.
Los populares han recordado que el Ayuntamiento aprobó en pleno por mayoría este documento el pasado 31 de marzo. Posteriormente, el convenio fue firmado con fecha 11 de abril por el presidente del Consell Insular y por el alcalde Rafa Ruiz, surtiendo efecto desde ese día, tal como establece la cláusula cuarta del mismo.
La formación ha recordado que el propio equipo de Gobierno calificó como «una prioridad» la apertura de la estación de autobuses «en el más breve plazo que sea posible».
El PP ha indicado que el apoyo de su formación a este convenio venía condicionado a la inclusión en el documento de una serie de enmiendas planteadas por el Partido Popular y con las que el equipo de Gobierno se mostró de acuerdo, aunque a fecha de hoy estas propuestas no han sido incluidas en el texto.
Por otra parte, el PP ha anunciado que también pedirá explicaciones al actual equipo de Gobierno sobre los retrasos que ha estado sufriendo en los últimos meses el servicio de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento.
Esta unidad administrativa es la encargada de resolver las reclamaciones que plantean aquellos particulares que tienen derecho a ser indemnizados por la Administración por lesiones y daños que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos municipales.
Los populares han indicado que el funcionamiento de este servicio municipal había sido hasta ahora óptimo, resolviendo en tiempo todas las solicitudes de aquellos vecinos que ejercían la acción de responsabilidad patrimonial.
Sin embargo, han asegurado que en los últimos meses la tramitación de expedientes está sufriendo «un considerable retraso», lo que ha provocado que algunas personas se hayan visto obligadas a acudir a los tribunales por el silencio de la Administración. Según los concejales del Partido Popular, esta situación ha originado indefensión y la obligación de realizar gastos adicionales por parte de los vecinos para la contratación de un abogado y un procurador.
El grupo municipal Popular preguntará si se han cuantificado las quejas por las incidencias de este servicio, si se ha dado cumplida respuesta a las mismas y si este servicio ha recuperado a día de hoy su funcionamiento y ritmo normal o, en caso contrario, cuándo está previsto que lo haga.