Asumir la gestión de Can Blai y Sa Serra costaría 6,8 millones

Govern balear y Consell d'Eivissa continúan con las negociaciones para la cesión a la máxima institución insular de las residencias de Can Blai, ahora en manos de la Fundación de Atención a la Dependencia, y de Sa Serra, que hasta el mes de diciembre gestionará la empresa Novaedat. «Pensamos que el mejor servicio es el que se da desde la proximidad pero también es verdad que tiene unos costes importantes que se tienen que valorar», señaló ayer la vicepresidenta primera, Viviana de Sans, a la salida de la reunión mantenida con la consellera balear de Serveis Socials, Fina Santiago.
Ambas instituciones han quedado en volverse a ver las caras en octubre para cerrar la cesión de la gestión de las dos residencias de Can Blai y Sa Serra al Consell d'Eivissa, que se prevé para el año 2018. Mientras, la máxima institución insular creará una comisión para estudiar si es viable asumir estos dos centros «porque entendemos que es lo mejor para la ciudadanía pero lo tenemos que hacer con la certeza de que será un buen servicio y que lo hacemos como toca», indicó De Sans.
La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, señaló ayer en Eivissa que el coste anual de la residencia de Can Blai es de 3,4 millones de euros «y suponemos que Sa Serra será el mismo porque sus características son muy parecidas en número de plazas de centro de día y residenciales». La consellera Santiago señaló que el problema «no es tanto de financiación sino de preparar la estructura para que el cambio no afecte a la calidad del servicio» y recordó que no se trata de una transferencia de competencias al Consell, «sino una encomienda de nuevos servicios». En la pasada legislatura el Consell d'Eivissa traspasó la gestión de las residencias de Can Blai y Can Raspalls a la Fundación de Atención a la Dependencia, que dependen del Ejecutivo balear.
Santiago recordó que el Govern asumirá a partir de diciembre de este año la gestión de la residencia situada en Sant Antoni. «Ya se ha anunciado a la empresa que no se le renovará el contrato y a los trabajadores que se apunten en el bolsín que está creando la Fundación de Atención a la Dependencia. Se están haciendo todos los pasos para que a 1 de diciembre su gestión sea pública», destacó Santiago.
Por su parte, la consellera insular de Sanitat i Benestar Social, Lydia Jurado, aseguró que su intención es «asumir toda la gestión con las máximas garantías, poder pagar al personal y que no se repita la catástrofe que ya vivió el Consell con el Consorcio». La consellera añadió que con las cifras que se barajan «vemos que es suficiente dado que el servicio se está prestando y se están pagando las nóminas», aunque no dudarán en pedir más dinero «si se prevé que se necesita algo más».