El Consell d'Eivissa da por hecho que no podrá implementar medidas para controlar la flota de las empresas de alquiler de vehículos y que tampoco podrá limitar la entrada de coches en la isla durante los meses de temporada alta.
A pesar de la saturación de vehículos a motor que padece Eivissa y pese a la voluntad del equipo de gobierno por regular la actividad de los ‘rent a car', la legislación europea y el decreto que regula este sector en Balears bloquean cualquier intento de restricción o coto.
La capacidad de control que tiene el Consell sobre las empresas de alquiler se centra en la inscripción del negocio. A día de hoy Turisme tiene registradas 44 empresas de este tipo y, según la patronal, hay unos 15.000 coches de alquiler en la isla. Pero no son cifras oficiales.
La máxima institución insular se encarga de comprobar si una casa de alquiler de coches se ha inscrito y dado de alta como actividad turística. Pero aquí finaliza la capacidad inspectora para luchar contra el intrusismo por parte del Consell.
Tal y como apuntan desde la dirección insular de Turisme, por lo que se refiere al tamaño de las flotas «nos encontramos ante un vacío legal». Según explican desde el departamento que dirige Vicent Torres ‘Benet', los permisos de los vehículos sin conductor se piden exclusivamente en la Dirección General de Tráfico.
«El Consell tampoco tiene capacidad para inspeccionar si el volumen de las flotas concuerda con la información que nos dan. La normativa establece que las empresas ‘deben comunicar las flotas', pero nada más», lamentan las fuentes consultadas.
En teoría, el Consell tiene que fiarse de los datos que aportan las empresas de alquiler de vehículos. «Si hubiera reglamentación para limitar, controlar o inspeccionar el tamaño de las flotas, se podría actuar en este aspecto, pero hay un vacío legal», reiteran desde Turisme, donde responsabilizan de esta situación de desamparo a la Ley balear de Turismo aprobada en 2012, durante el gobierno de Bauzá.
Anteayer, la consellera de Mobilitat, Pepa Marí, admitió que controlar la entrada de vehículos en la isla «es un tema muy difícil». «La prueba es que Formentera y Menorca lo han estudiado y no encuentran la solución», señaló, al tiempo que reconoció que el Consell «no tiene la varita mágica» para frenar la llegada de coches.
LA NOTA
Protección para las islas del Mediterráneo
Pepa Marí se mostró partidaria de una alianza de las islas del Mediterráneo, junto con Canarias, para preservar su sostenibilidad ante las medidas «liberalizadoras» de la Unión Europea. «Nos dejan a las administraciones con las manos muy atadas porque hay libertad de movimientos. Pero los territorios insulares estamos especialmente afectados y a nivel de islas del Mediterráneo hay que ver las posibilidades para no perder ese control», sostiene la consellera. Mientras tanto, la única alternativa son medidas como la adoptada por el Ayuntamiento de Sant Antoni en Cala Salada.
«Sí tenemos territorios especialmente sensibles ahí es donde podemos actuar», señala.