David Matamoros tiene una discapacidad del 53 por ciento y, desde 2012, un certificado de incapacidad permanente absoluta. Ese mismo año acudió al Ayuntamiento de Santa Eulària para pedir información sobre el coste de pintar su matrícula en la plaza de discapacitados que está ubicada enfrente de su domicilio en s'Argamassa y utilizarla de manera exclusiva.
Según explica, en el Consistorio le aseguraron que no costaba nada. Sin embargo, a finales del año pasado recibió una carta del Ayuntamiento en la que le reclamaban el pago de 400 euros en concepto de vado por los años 2014 y 2015. Al no pagar esta cantidad, recibió una orden de embargo del coche y una factura de unos mil euros por todos los gastos.
Matamoros sostiene que, en ningún momento, supo que reservar esa plaza para su uso tuviera un coste y califica de «injusticia» que el Ayuntamiento pretenda «embargarle el coche a un discapacitado que vive en s'Argamassa y lo necesita para todo».
Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària asegura que le informaron de que lo que solicitaba era «una petición de uso exclusivo de la vía» y que, por lo tanto, tenía un coste. Además, argumentan que la plaza que pedía está a la avenida s'Argamassa, donde hay plazas de aparcamiento libres, por lo que «no tenía posibles limitaciones».
«Lamentamos la situación creada, sin duda fruto de un malentendido, pero esta persona disfrutó de un bien público de forma exclusiva durante dos años y es normal que pague lo mismo que pagan todas las personas que están en su misma situación», señaló un portavoz del Consistorio.