Discared ha irrumpido con fuerza en el panorama sociosanitario de la isla como una federación que aglutina a las principales asociaciones que brindan su apoyo a personas con alguna discapacidad. Antonella Greco (presidenta), José Luis Jofre (vicepresidente) y Cristina Antequera (secretaria) repasan las principales reivindicaciones de una agrupación volcada en el bienestar de sus integrantes.
—¿Cómo surge Discared, la federación que engloba las asociaciones de personas con alguna discapacidad?
—La federación es una organización profesional. Está constituida por ocho asociaciones [Adima, Aemif, Amadima, Apfem, Apneef, Aspanadif, Fundación Tutelar Cia y Deforsam]. Entre todos trabajamos con discapacidad y se da atención temprana, educación, centros de día, centros ocupacionales, inserción laboral, ocio, deporte, rehabilitación y mantenimiento funcional, asesoramiento familiar... Abarcamos todo el ciclo vital de las personas con discapacidad entre todos. Y hemos nacido para coordinar, gestionar y defender a las empresas sin ánimo de lucro que tengan por objeto la atención, asistencia, educación, rehabilitación, formación e inserción laboral de las personas con discapacidad. El único fin de esta federación es unirnos para defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
—¿Por qué se crea Discared?
—Surge en línea de la defensa de derechos aquí en Eivissa y relacionado con la estabilidad de los servicios. No teníamos hasta ahora servicios estables. Entendemos que como parte de los derechos de las personas con discapacidad es tener la asistencia de calidad y a parte de la intervención técnica, que ese servicio sea estable y que tenga una previsión y una estabilidad real. Para eso nos hemos unido. Anteriormente
—¿Cuál es la realidad de estos servicios en Eivissa?
—Todas las asociaciones dependemos de las subvenciones del Consell, el Govern y los ayuntamientos. Entonces no es nada estable porque un año te dan, el año siguiente hay crisis, fluctúan bastante. Estábamos un poco en esa inestabilidad de no saber si al año siguiente podríamos ofrecer los mismos servicios, que hacen falta realmente. Se paga tarde, además. Las subvenciones del año pasado no se han cobrado. Supuestamente en un concierto la demora va por facturación.
—¿Cuánto adeudan las instituciones a las asociaciones de la isla en concepto de ayudas?
—Una media de entre 30.000 y 50.000 euros por asociación.
—¿Cómo se consigue tener esa estabilidad en los servicios que reivindican desde Discared?
—Un servicio son ‘x' personas que son atendidas en ‘x' instalaciones por tantos profesionales. Para hacer eso hay que tener una previsión de a cuántas personas puedes atender, que en Eivissa no se tiene. Estamos dando servicios que están dentro de la cartera de servicios sociales públicos, como existen en Mallorca. Allí hay una cartera de servicios que es una recopilación sistemática de todos los servicios que se dan en la isla. En Eivissa no tenemos cartera de servicios, no tenemos un cuaderno que nos diga que se ofrece todo esto. Tenemos que empezar por aquí. Es decir, qué servicios se están ofreciendo en la isla, tanto el Consell como los ayuntamientos, cuáles no se están dando y cuáles hay que crear.
—¿Qué demandan concretamente o qué servicios hacen falta en Eivissa?
—Lo primero es dar estabilidad a los que ya se están dando; como los servicios ocupacionales, tanto para personas con discapacidad asociada a enfermedad mental, física o intelectual, como centros de día para rehabilitación física y las fundaciones tutelares. Y luego cosas nuevas: centros de día para problemas conductuales graves asociados a problemas mentales, pisos tutelados para niños...
—¿En qué medida les afecta no disponer de pisos tutelados?
—Todo esto está motivado porque se han tenido que llevar a Mallorca y a otras comunidades niños y adultos que aquí en Eivissa no podíamos atender, primero porque no estamos estabilizados y porque no tenemos ni las instalaciones ni los recursos. Están en Mallorca niños de hasta 8 y 9 años. La asociación Adima de Mallorca va a venir a Eivissa solo con concierto de plazas. No van a entrar en subvención y estamos impulsando una línea que está verde. Se está cubriendo una necesidad social que no está cubriendo la administración pública.
—¿Cuántas personas padecen algún tipo de discapacidad en Eivissa?
—No tenemos datos concretos. En Eivissa falta incluso hacer números o un censo de todas estas cosas. Lo que sí sabemos, los que trabajamos con autismo, tenemos lista de espera. Entre todas las asociaciones atendemos a 467 usuarios. Pero no hay una lista de espera contabilizada, está todo mal organizado. Hasta ahora cada asociación iba por libre guardándose las espaldas, pero teníamos que unirnos todos para ver cómo mejorar los servicios, ver las necesidades y las listas de espera.
—¿Qué sería lo más urgente para avanzar en esa estabilidad y en dar respuesta a las necesidades?
—El concierto de plazas, que es una elaboración de fichas que entregamos a la administración explicando los servicios que damos, ateniendo a tal población y tantas horas. Ellos mismos establecen cuántos profesionales se necesitan y cómo tienen que ser las instalaciones. Entonces te dicen, para 10 personas te damos por ejemplo 42 euros precio/plaza. Entonces eso te dan por factura cada mes y eso es estable porque sabes que puedes atender a 10 personas tantas horas y los profesionales, las instalaciones y los sistemas de calidad están controlados por la administración. Estaría todo más profesionalizado y da una garantía al usuario increíble. Eso es lo que ya está en Mallorca y queremos que se haga aquí.
—¿Imagino que todo esto está en conocimiento de la conselleria de Benestar Social? ¿Podrá implantarse en la isla este concierto de plazas?
—El Consell tiene la voluntad. La intención es hacerlo pero el proceso legal es largo, requiere unos requisitos, que las instalaciones cumplan con la normativa y tiene que estar todo bien hecho.
—¿Cuál es el ratio actual entre profesionales y pacientes?
—Ahora mismo tenemos 95 profesionales entre todas las asociaciones. Pero no hemos podido crecer, la media de profesionales es entre 7 y 10 por asociación. Creemos que todos estos servicios debían prestarlo desde el Govern o el Consell. Como no se hacía, hemos surgido las asociaciones. Enfermedades crónicas necesitan rehabilitación física toda la vida, son derechos de los usuarios y los pacientes.
—¿Os sentís decepcionados con los actuales gobiernos que habían hecho especial hincapié en la prestación de este tipo de servicio sociales?
—Tenemos que esperar un poco para ver si cumplen sus promesas de concertar plazas, tal y como se hace en Mallorca. Pero faltan un par de años. Se tarda mucho, auditoría de calidades, el sistema jurídico legal... La burocracia es muy lenta.
—¿Han aumentado las subvenciones estos últimos años?
—No. Igual o peor durante todos estos años de crisis. El cambio en cuanto a los gobiernos es que ahora parece que van a empezar a hacer la cartera de servicios para concertar lo que ya tenemos para estabilizarlo. Pero hasta que no veamos resultados, no lo sabemos. Hay mucha voluntad política, pero todavía no hay resultados. Esperamos que en 2018 se cumpla todo lo que se está prometiendo. Es un compromiso de ambas; el Consell para elaborar toda la estructura jurídica y las asociaciones tenemos que instaurar los requisitos de calidad, acreditaciones, etc.
—¿Cada vez hay más personas que viven en la calle y que padecen algún tipo de discapacidad?
—Sí, sobre todo en salud mental. En el caso de Acfem trabajamos dos líneas grandes; de salud mental y autismo. En patología dual, es decir salud mental más adicciones, estamos muy desamparados en eivissa y la mayoría acaban en la calle, pidiendo dinero. No pueden estar en casa por el tema de la adicción y no hay residencias ni albergues que acojan a estas personas. Lo peor es que están acabando en centros penitenciarios. Las cárceles son los nuevos psiquiátricos. Desgraciadamente tenemos allí muchísima gente reclusa con enfermedad mental. No son delincuentes, igual están por hurtos o por no pagar multas, pero están dentro del propio problema del funcionamiento de la persona. Están en la calle y no razonan de una forma lógica. Quitamos los psiquiátricos en los años 60 y ahora están acabando en centros penitenciarios. Eso es triste y grave.
—¿Qué debe hacer una familia que tiene un niño con alguna discapacidad?
—En los primeros diagnósticos es muy importante recibir una información buena porque ahí determina muchos años de tratamiento del niño y el tranquilizar o ayudar a las familias a asumir el nuevo reto de no saber abordar el problema del hijo. La federación deriva a esa red las demandas y ve quién le puede atender para trabajar en equipo. Antes estábamos un poco desvinculados entre asociaciones, y esto nos permite estar unidos y ayudarnos.
—¿Qué trabajo desempeñan en el aspecto educativo de los pequeños y en las salidas laborales de los adultos?
—En el tema educativo, donde trabajamos más con infantil, estamos muy disgustados porque hemos empezado el curso con menos auxiliares educativos para los chicos con discapacidades, nos han disminuido horas, en varios colegios. con esto estamos espantados porque los chicos por ejemplo de autismo que tenga menos horas de tutela es bastante grave. en el tema educativo estamos mal. ¿Qué se va a hacer? Otra proyección es crear un centro educativo a través de Amadima, ya lo están mirando y eso está en proyecto. Vamos a ver dónde, cómo y cuándo se hace. La previsión es 2018. Y el tema laboral nosotros estamos trabajando en ello y al revés, estamos muy contentos porque las perspectivas son de crecimiento y de cada vez insertar más a personas con discapacidad. Han salido muchos trabajos en ayuntamientos como el de Sant Antoni o Eivissa, incluso en obra pública nos contratan a nosotros. El balance es muy positivo.