El II Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera, celebrado ayer en la sede pitiusa de la UIB, puso de manifiesto la complejidad a la que se enfrenta la Ley de Turismo que pretende aprobar el Govern balear. Las teorías liberalizadoras de los usos del suelo y la llamada economía colaborativa amenazan los planes de prohibición aprobados tanto por el Consell Insular como por los ayuntamientos de la isla, contrarios a permitir el alquiler turístico en bloques residenciales.
La jornada, de mañana y tarde, sirvió como punto de encuentro para los sectores relacionados con este creciente modelo de oferta vacacional, muy extendida en capitales europeas y que, sin embargo, como pusieron de manifiesto distintas voces de la política insular, no debería extenderse a Ibiza dados los problemas de convivencia que genera y, sobre todo, el ánimo especulativo que está impidiendo el acceso a la vivienda para familias, jóvenes y trabajadores.
El doctor europeo y profesor de Derecho Mercantil y Contratación Turística de la UIB, Juan Franch Fluxà, abrió las ponencias aseverando que la actual legislación turística de Balears «necesita un buen meneo» y que el conseller Biel Barceló, impulsor de la reforma, «va por el buen camino» en su pretensión de regularizar este tipo de alojamientos. «Es el Parlamento balear quien debe regularlo porque el turismo es competencia de las CCAA. Esto no es LAU, no son alquileres; esto es alojamiento, es turismo y todos lo sabemos», manifestó Franch, partidario de «dar barra libre» a los propietarios para «cuidar» las viviendas que ofrecerán en alquiler y para comercializarlas en los diferentes canales turísticos.
En opinión del experto mercantilista, los particulares deben tener la condición de «empresarios» para gestionar una actividad que considera «habitual». Por eso los legisladores, a su juicio, sólo deben regular «unos mínimos» como la inscripción de la vivienda, la comercialización a través del mercado digital y una fórmula genérica de explotación (que la vivienda esté amueblada y lista para su inmediata ocupación) con un control de la publicidad que garantice la veracidad del inventario.
Dentro de la corriente liberalizadora recibió una calurosa acogida María Sobrino, subdirectora de estudios e informes de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). En su defensa de la economía colaborativa, Sobrino se mostró partidaria de que los agentes y empresas, buscando su beneficio «monetario o no monetario», aprovechen las nuevas tecnologías (internet) para ofrecer recursos infrautilizados (coches o viviendas).
Sobrino también defiende la importancia de los sistemas de reputación (plataformas como Tripadvisor) que ofrecen «muchísima información» sobre los alojamientos y tienen efectos «procompetitivos» en términos de «eficiencia, variedad, calidad, fomento a la innovación, menores costes y mayor empoderamiento del consumidor» a través de esta actividad de alquiler vacacional. Para la experta afincada en Madrid, desordenes de convivencia como el ruido o la limpieza y otros asuntos como la evasión de impuestos «tienen su propia regulación y no se puede impedir la regulación de viviendas turísticas» por estas cuestiones.
Debate
Por ello Sobrino se mostró contraria a la «exclusión» de las viviendas en régimen horizontal (pisos en bloques residenciales) de la actividad turística, tal y como contempla la actual ley balear.
La regidora de Turisme de Vila, Gloria Corral, intervino durante el turno de debate para cargar contra estas corrientes liberalizadoras: «En Ibiza hay un gravísimo problema de vivienda. Es insoportable el nivel de saturación. En 40 años no había visto estos problemas de convivencia». También desaprobó este modelo el diputado ibicenco por Podemos Salvador Aguilera, y ‘Pelu', coordinador de la Plataforma de Afectados por los Alquileres en Ibiza, denunció la presencia de bandas organizadas que están detrás de los alquileres fraudulentos de pisos a través de plataformas digitales. Sin embargo, la postura contraria a mezclar usos turísticos con usos residenciales apenas encontró el apoyo de los responsables políticos insulares y del representante de Exceltur y ponente invitado, Óscar Perelló.
El director del Área de Estudios de Investigación de Exceltur se mostró partidario de prohibir este tipo de alquileres en regiones como Balears y en Ibiza de forma particular. «La figura del apartamento no es el problema, pero mezclar usos sí es el problema», indicó el experto, quien considera primordial realizar un «diagnóstico» previo y una «planificación urbanística» que delimite los usos del suelo, como pretenden las administraciones locales y el Consell d'Eivissa.
María Sobrino replicó asegurando que «liberalizar los usos del suelo ayuda a bajar los precios de la vivienda» y reiteró que actualmente «existen muchísimos instrumentos para llevar esto a cabo de manera ordenada». «Los problemas de orden público están regulados. No puede prohibirse una actividad económica porque las administraciones no den respuesta. Tiene que haber sistemas de sanciones y más inspectores», puntualizó.
Juan Franch cerró el debate recordando que en las islas «la convivencia de usos es habitual, con bloques residenciales al lado de macrohoteles que seguramente hagan más ruido con sus espectáculos».
LA NOTA
El Consell ha detectado 500 alojamientos irregulares
La campaña contra el alquiler de viviendas ilegales realizada en Ibiza ha permitido detectar unos 500 alojamientos irregulares.
Además, desde la máxima institución se han abierto un centenar de expedientes contra estas viviendas que no cumplen con la normativa turística después de realizar unas 300 inspecciones. Actualmente el Consell de Ibiza tiene inscritas 7.659 plazas en viviendas turísticas, mientras que otras 6.000 plazas están en proceso de inscripción.