La consellera de Serveis Socials del Govern, Fina Santiago, y el director general de Dependència, Juan Manuel Rosa, anunciaron ayer en Ibiza la creación del servicio de ayuda a domicilio para la dependencia a partir del uno de octubre. El servicio de domicilio, ligado a la dependencia, aumentará las horas de atención pasando de 146 mensuales a 4.900 horas, «será de manera progresiva, a medida que se pueda gestionar toda la demanda», explicó la consellera.
El Govern calcula que se atenderán unos 50 casos al mes y cada una de ellos recibirá entre 25 y 25 horas al mes, generando además unos 25 puestos de trabajo, «normalmente son trabajadores familiares o personal de formación profesional ligado a sociosanitario», explicó la consellera. El primer mes de la puesta en marcha se calcula que habrá entre 15 y 20 usuarios.
La empresa SARquavitae será la encargada de llevar a cabo este servicio que se ha adjudicado por la cantidad de 600.000 euros y con un contrato del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2018. Al contrario que en Mallorca y en Menorca donde se ha llegado a convenios con los consells y ayuntamientos para gestionar este servicio, «en Ibiza no ha sido posible y nos ha obligado a hacer un contrato externo que ha ganado una empresa», dijo la consellera.
Santiago explicó que el Govern les mandó una carta a los ayuntamientos y al Consell en julio y agosto para que se sumaran a este convenio, «el Consell d'Eivissa nos contestó telefónicamente que no era posible y los ayuntamientos no contestaron», explicó la consellera, que espera que los municipios se sumen cuando «vean la bonanza y virtud de este convenio».
Rosa recordó, por su parte, que este servicio lo gestionaban los ayuntamientos en los años 80 y «la idea era aprovechar esa estructura de servicios municipales para cubrir la población afectada pagándoles por esos servicios. Hay convenios con 32 municipios en Mallorca, cinco en Menorca y con Formentera. Lo más importante es que su cubren las necesidades de las personas dependientes, más allá de la estructura de quien lo gestiona; la idea es que este dinero público quede en manos públicas en los ayuntamientos y revierta en más servicios sociales; es una lástima que en este caso no pueda ser», finalizó.