El pleno del Consell d'Eivissa aprobó ayer, con los votos en contra del PP, una moción socialista que reclama la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el objetivo de regularizar los alquileres turísticos que no lo están.
La vicepresidenta segunda del Consell, Marta Díaz, fue la encargada de la defensa de la moción durante la cual alertó de la necesidad de «poner orden» en el mercado del alquiler de la isla para, entre otras cuestiones, corregir la falta de viviendas de alquiler en Ibiza durante todo el año.
Según señaló, el problema de la vivienda en Ibiza tiene su origen en el cambio de costumbres de los turistas, que han pasado de preferir alojarse en establecimientos hoteleros a hacerlo a través de portales de internet donde se comercializan todo tipo de alojamientos, algunos no reglados.
Marta Díaz considera que la LAU, aprobada en el año 2013, «ampara las viviendas alquiladas fuera de ley y las considera arrendamientos ordinarios aunque su uso sea vacacional».
SMS contra los fraudes
La vicepresidenta insular desgranó algunas de las medidas que, desde la institución, se han puesto en marcha desde el principio de la temporada turística para combatir los alquileres que no cumplen la ley. Durante las últimas semanas, el Consell ha mandado más de 200 mensajes SMS a contactos telefónicos que anunciaban alquileres de viviendas a través de internet y que no estaban registrados.
Durante este año se han realizado 262 inspecciones, se han abierto 156 expedientes por alquileres turísticos irregulares y las multas contra los infractores han aumentado en más de un 50 por ciento, según la información facilitada por Díaz. No obstante, todas estas medidas, remarcó la vicepresidenta, «no son suficientes para erradicar el problema».
Por su parte, la vicepresidenta primera y representante de Podem, calificó esta cuestión de «delicada» aunque aseguró que esta ley ha sido «un instrumento al servicio de la especulación inmobiliaria» y que ha provocado que el mercado de alquiler en España sea menor que en otros países de Europa.
El conseller popular Vicent Roig criticó duramente la propuesta socialista y aseguró que el objetivo de esta moción es que «miles de pisos residenciales salgan al mercado y destrocen el sector turístico».
«En el fondo no quieren perseguir la oferta ilegal sino legalizarla», dijo Roig, quien aseguró que, con estas medidas, se obligaría a construir más viviendas en la isla para albergar a los residentes.
Roig tildó además de «incompetentes» a los miembros del equipo de gobierno por no aumentar la inspección para combatir los alquileres ilegales.
Críticas por los altos cargos
Por otra parte, el Consell también aprobó una modificación de la plantilla de altos cargos que permite crear una secretaría técnica de Presidencia que sustituirá al cargo vacante de director insular de Economía.
La consellera popular Pepa Costa afirmó que los cargos de confianza del Consell suponen un gasto anual de 538.000 euros y que han aumentado de los 18 de la legislatura pasada a los 27 actuales. Costa aseguró que estos cargos corresponden a «cuotas de partido» ya que, añadió, el actual equipo de gobierno es inoperativo y más caro».
LA NOTA
Código ético aprobado por todos los partidos
El pleno del Consell d'Eivissa aprobó por unanimidad un código ético y de conducta de 14 puntos que pretende contribuir a «regenerar la política», según explicó la vicepresidenta Viviana de Sans.
El código, que no es una norma de obligado cumplimiento sino un compromiso de todos los partidos, obliga a los firmantes a comparecer ante la ciudadanía para explicar sus prioridades o renunciar a cualquier privilegio por su condición.
Según el documento, no se aceptarán regalos que superen los usos habituales o de cortesía. Además, los representantes tendrán el deber de depositar en el Consell los regalos que superen un límite establecido. Asimismo, se comprometen a renunciar al cargo cuando se abra el juicio oral de un procedimiento penal.