Los inquilinos del Ibavi que lleven meses sin pagar la renta serán desahuciados si se demuestra que disponen de ingresos suficientes para afrontar el pago. Es una de las medidas más controvertidas que prepara la Conselleria de Territori con el fin de liberar viviendas ocupadas por familias que no pagan pese a que disponen de recursos para ello. Hay otras 2.500 familias en lista de espera y las viviendas que se liberen serán para ellos.
No solo no pagan: el Govern ha detectado que algunos de estos pisos están teniendo un uso indebido hasta el punto de que se ha convertido en prostíbulos o en puntos de tráfico de drogas.
Las cifras de morosidad son extraordinariamente altas en estos momentos ya que alcanzan el 53 por ciento del total: de las 1.805 viviendas que tiene el Ibavi en alquiler hay 888 en las que los inquilinos tienen pagos pendientes. Algunos de los inquilinos deben un par de mensualidades, pero hay otros que llevan hasta seis años sin pagar ni el alquiler ni los gastos básicos como el agua y la luz, a los que tiene que hacer frente el Ibavi.
Cifras al alza
El conseller de Territori, Marc Pons, explica que la morosidad se disparó a partir del año 2012, fecha en la que el Govern de Bauzá anunció que no se realizarían más desahucios en el Ibavi. En la Conselleria aseguran que aquella medida, tomada sin analizar las circunstancias específicas de los impagos, provocó un efecto llamada hasta llegar a los 888 inquilinos que no pagan su renta frente a los 302 impagos que se produjeron en el quinquenio 2007-2012.
«La gente ha visto que no pasa nada si no pagas y ha dejado de hacerlo», señala Marc Pons. El conseller precisa que, a partir de ahora, se analizará caso por caso la situación de todos estos morosos y se desahuciará a quienes no pagan pese a tener recursos suficientes para ello, que pueden ser unos 250. Pons añadió que seguirán en sus pisos quienes tengan un informe de los servicios sociales municipales, pero se adaptará la modalidad de pago para que puedan hacer frente a la renta.
Esta es, precisamente, otra de las novedades. El departamento de Territori quiere cambiar el sistema de pago para que la ‘tarifa plana' vigente en la actualidad se sustituya por un pago proporcional a los ingresos de las familias. Se calcula que el alquiler medio rondará el 30 por ciento de los ingresos del arrendatario, pero el Govern bajará esta cantidad incluso al 5 por ciento de los ingresos si la familia acredita que apenas tiene un modo de subsistencia. El objetivo es que pague todo el mundo, aunque la cantidad sea mínima.
¿Y qué hará el Govern con la deuda acumulada hasta ahora? Según los datos de la Conselleria, hay 12.641 recibos no cobrados que suman 3,7 millones de euros.
También en este aspecto se examinarán las circunstancias individuales de cada uno de los morosos, si bien la intención es poder recuperar la mayor parte de esta cantidad.
«Lo que intenta el Govern es garantizar al acceso a la vivienda para quienes realmente se encuentren en una situación de necesidad», asegura el conseller Marc Pons.