El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer de manera inicial la nueva ordenanza fiscal de recogida de basuras y utilización del vertedero, que llevaba diez años sin actualizarse y para aprovechar la nueva adjudicación del contrato de limpieza del municipio.
Entre las novedades de esta nueva ordenanza fiscal está la implantación de una tasa de recogida de basuras de 35 euros por vivienda. Un tributo que según apuntó el portavoz del PP, Pepe Sala, se incluyó años atrás en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una práctica que para el alcalde, Pep Cires, «podría ser ilegal».
El concejal de Medi Ambient, Pablo Valdés, señaló que la nueva ordenanza «carga el esfuerzo sobre los que generan más residuos». En este sentido, se contemplan importes de 3.200 euros para locales de comida rápida, venta para el consumo fuera del establecimiento, bodegas, comercios mixtos y supermercados integrados en grandes superficies.
Las cantidades fijadas en la ordenanza suponen un mínimo que se incrementará si los establecimientos tienen más de 120 o 200 metros cuadrados.
Además, habrá bonificaciones en los casos de las viviendas rurales, que pagarán 20 euros anuales. O para aquellas personas que acrediten haber utilizado las deixalleries al menos cuatro veces al año, que sólo pagarán 10 euros. También habrá exenciones para las viviendas habitadas por jubilados cuya renta no duplique el salario mínimo interprofesional y para las viviendas ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad, que no pagarán nada si acreditan su situación mediante informe de Servicios Sociales.
Todos iguales
El Partido Popular criticó que la nueva ordenanza elimine las diferencias de tasas que hasta ahora había en función de la zona en la que se ubicara cada comercio. «Al suprimir la zonificación los establecimientos de la parte trasera del pueblo, que no llegan a la mitad de actividad que los que están en el paseo, tendrán los mismos criterios, me parece una injusticia», apuntó Pepe Sala. Sin embargo, el equipo de gobierno entiende que el servicio de recogida se presta con independencia de la ubicación del establecimiento por lo que se establece un precio medio único. Además, la nueva ordenanza anula el condicionante que existe ahora por el cual se grava a bodegas y establecimientos de comida rápida cuando abran a partir de las 23 horas.
Otra novedad es el cobro de la tasa de recogida de residuos de 39,21 euros por amarre en el puerto. «Desde 2014 Ports de Balears rescindió el contrato con la empresa que les hacía la limpieza y pasó a asumirla el Ayuntamiento de manera gratuita. Tenemos compromiso que el cobro se hará de manera retroactiva», apuntó el concejal Valdés.
La aprobación de esta nueva ordenanza, que tuvo el voto en contra del Partido Popular, se llevó a pleno de urgencia y tendrá una fase de alegaciones de 15 días, un plazo que se ha acortado a la mitad para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero. «Teníamos que ligar las tasas al incremento de costes que supone la nueva contrata de limpieza», aseguró Cires, quien añadió que la nueva redacción de la ordenanza «se ha hecho con criterios técnicos, no políticos». De hecho, quien rebatió los argumentos del Partido Popular no fue ningún miembro del equipo de gobierno sino el tesorero del Ayuntamiento de Sant Antoni, que es quien la ha redactado.
El PP, en cambio, sí que apoyó la aprobación definitiva del contrato del nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos de Sant Antoni que se ha adjudicado a la UTE formada por FCC, Herbusa y Cespa por una periodo de diez años. Ahora se inicia un periodo de quince días para que las otras empresas puedan recurrir la decisión del pleno. Si no hay cambios, el equipo de gobierno espera que el nuevo servicio se ponga en marcha durante el primer trimestre de 2017. Una contrata que supondrá un desembolso para el Ayuntamiento de 4,7 millones el primer año, 800.000 euros más que lo que paga ahora.