El asunto de la vivienda ha vuelto a copar portadas esta semana en Ibiza y Formentera. Ha vuelto a ser un tema central en los primeros compases del nuevo año.
El lunes, la vicepresidenta del Consell d'Eivissa, Viviana de Sans, reclamó al Govern sobre la futura Ley de Vivienda que para el caso de Ibiza se considere como vivienda ‘desocupada' –denominación que obligará a su propietario a ponerla en alquiler– aquellas que lleven vacías más de seis meses. También pidió un decreto urgente ante la situación de «emergencia habitacional» que vive la isla.
El martes, fue el presidente Vicent Torres quien pidió a Francina Armengol en Palma que solicite al Gobierno central una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para especificar los términos de un alquiler turístico. Y el miércoles el propio Torres acordó con los alcaldes de los cinco ayuntamientos de la isla cerrar la puerta a los alquileres turísticos en bloques plurifamiliares ante la regularización impulsada por el Govern balear.
Solo un día después, el líder socialista tranquilizó a los hoteleros y a las principales patronales empresariales reiterando su rechazo a que semezclen turistas y residentes en los núcleos urbanos y zonas residenciales.
Son todo buenas intenciones, sin duda, pero muchos se preguntan si los nuevos reglamentos serán efectivos y facilitarán el acceso a la vivienda de residentes y trabajadores y abaratará los precios de unos alquileres que actualmente están por las nubes, o si quedará todo en papel mojado, como ha sucedido hasta ahora. ¿Reiterar que el hecho de alquilar o subarrendar un piso a turistas por días o semanas está prohibido devolverá realmente esas viviendas al alquiler anual y al parque residencial? ¿Qué herramientas tendrán las instituciones para perseguir y erradicar esta práctica?
Aumentar las inspecciones y la cuantía de las multas parece la única munición que puede servir para disuadir a los infractores. Unacolaboración firme y decidida de las distintas administraciones, la Agencia Tributaria y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado será clave para tratar de frenar el problema que más ocupa y preocupa a los habitantes de la isla.