El Consell d'Eivissa y las principales patronales turísticas han presentado alegaciones al anteproyecto de ley de modificación de la Ley Turística de Balears sobre la nueva regulación de los alquileres vacacionales.
Fomento del Turismo, Caeb, Pimeef, la Federación Hotelera (Fehif) y la Cambra de Comerç explican en su escrito de alegaciones que esta regulación será «terriblemente perjudicial» tanto para el modelo turístico «como para nuestra sociedad al encarecer de forma dramática el mercado ‘regular' de la vivienda tal y como se está viendo en los últimos años». Además, advierten de que la regulación de alquileres turísticos en edificios plurifamiliares «generará y ampliará sin lugar a dudas una oleada de problemas para la población residente, muy afectada en las zonas donde se ubica la oferta de ocio nocturno para turistas». Este rechazo a la regularización es la primera de las cinco alegaciones remitidas al Govern balear por la patronal pitiusa.
En segundo lugar, reclaman que en caso de que salga adelante la regulación sean los ayuntamientos, a través del pleno, los que decidan dónde se pueden ubicar pisos turísticos en los municipios.
Los empresarios argumentan que el ayuntamiento es la institución más conocedora de «la realidad social, turística y económica de su territorio», y que sólo en caso de que falte el acuerdo del pleno, el Consell pueda arrogarse esta posibilidad.
En tercer lugar los empresarios advierten de que la modificación de la ley provocará un número indefinido de expedientes de alta de viviendas plurifamiliares para la comercialización turística, para su instrucción y posible gestión sancionadora, sin que la ley contemple la aportación de medios, lo que perjudicará a la «ya saturada situación administrativa». Por ello, reclaman que la ley disponga de dotación económica y personal cualificado para el desarrollo de la ley y para detectar la oferta ilegal y las actividades clandestinas, y para que sea «erradicada la actual impunidad con la que los infractores turísticos actúan en este momento».
Mediante la cuarta alegación, piden que se sancione los anuncios que publiciten alojamiento por días o semanas en Balears sin enseñar la autorización de forma visible, y que se hagan responsables solidarios la empresa titular del soporte, la comercializadora y el propietario del inmueble.
En la quinta alegación, reclaman además que se amplíe el régimen sancionador al propietario, junto con las personas físicas o jurídicas que lo comercialicen alquileres turísticos sin autorización.
Por su parte, el Consell d'Eivissa quiere que la nueva regulación dote a la administración insular de «mayor control y más herramientas para perseguir la oferta ‘alegal' que nos ocasiona muchos problemas en el ámbito turístico y social», explicó el presidente del Consell y conseller de Turisme, Vicent Torres.
Autonomía
Las alegaciones del Consell destacan que es «necesario, tal y como hemos manifestado desde el primer momento, que cada isla mantenga su máxima autonomía para decidir el modelo que quiere desarrollar sobre su territorio. Desde Ibiza siempre hemos defendido nuestro rechazo a mezclar turistas y residentes en plurifamiliares, pero respetamos que otras islas sí lo acepten».
El documento suscrito por Torres establece que «combinar un uso residencial y turístico no es para nada recomendable, más cuando existe el grave problema de la vivienda residencial actual y, así, poder declarar Ibiza libre de alquileres turísticos en plurifamiliares sería la situación más idónea y recomendable».
Las alegaciones se centran en tres apartados, como aumentar el control sobre los agentes comercializadores de estancias turísticas, asegurar la decisión de los consistorios y mejorar la coordinación entre administraciones, implicando a ayuntamientos, Agencia Tributaria, Registro de la Propiedad o Govern en el control del alquiler de viviendas.