Una cuarta parte de los más de 70 contenedores soterrados ubicados en el municipio de Vila presentan daños y están inoperativos, según denunció ayer el portavoz del Movimiento Ciudadano EPIC, Antonio Villalonga en una rueda de prensa convocada para denunciar las deficiencias del servicio de Valoriza, la nueva concesionaria del servicio municipal de limpieza.
Los contenedores soterrados que presentan peor estado son los de rechazo, ya que 13 están fuera de servicio de un total de 70. Villalonga advirtió del peligro que supone el hecho de que un contenedor de los andenes del puerto tenga la puerta rota por la posibilidad de que un niño se esconda y pueda caer en su interior.
Abrir expediente
EPIC propondrá en el pleno de Vila de mañana abrir un expediente a Valoriza por «incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales» porque considera que se está produciendo «un abuso a la ciudadanía» al existir criterios objetivos que indican que se está incumpliendo el pliego de condiciones que firmó el Ayuntamiento.
La contrata, según Villalonga, tiene 80 trabajadores, «los mismos que en el año 1994», y cuesta alrededor de 5,5 millones de euros al año, de los cuales el Ayuntamiento de Vila podría recuperar entre un 10 y un 20 por ciento por deficiencias en el servicio. «El equipo de gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y actuar de forma decidida», señaló. De lo contrario, EPIC pedirá que se rescinda a la contrata y vuelva a salir a concurso o que sea el propio Ayuntamiento quien se encargue del servicio de limpieza y recogida de basuras.
Por otra parte, criticaron también que, siete meses después de iniciar la contrata, apenas se haya cambiado el 20 por ciento de los contenedores de la ciudad. Para Villalonga, los argumentos esgrimidos por los responsables municipales para justificar el retraso son «excusas de mal pagador».
Además, recordó que el pliego de condiciones señala que se tiene que dejar un 20 por ciento de contenedores de reserva, de los cuales un 10 por ciento se debe destinar a posibles reposiciones y otro 10 por ciento para sustituirlos cuando se estén limpiando. En total, 280 contenedores de reserva frente a los cien que, según el Ayuntamiento, ha recibido.
Respecto al diseño de los nuevos contenedores, el concejal de EPIC aseguró que no hay contenedores destinados a discapacitados y que no incluyen una palanca para abrirlos con el pie. «Parece una tontería pero una persona mayor o de baja estatura tiene grandes dificultades para tirar una bolsa de basura de ocho o diez kilos», explicó.
Para el concejal, los contenedores elegidos son «los más barateros del mercado» que no incluyen un sensor de llenado que pueda alertar a la central cuando estén llenos para que vayan a vaciarlos. Según dijo, cada sensor cuesta entre 250 y 400 euros, lo que ascendería a una cantidad que oscilaría entre los 300.000 y 500.000 euros en total. «Hay un montón de indicios que dicen que la contrata se está ahorrando dinero de todos los lados», añadió.
Entre otras carencias del servicio de limpieza, citó también la poca frecuencia con la que se limpian los contenedores o la imposibilidad de vaciarlos completamente cuando los recogen al no tener los camiones un sistema de vibración que facilita que no se quede nada en el interior.
Además, los contenedores no cuentan con pegatinas explicando que el papel y el cartón deben plegarse antes de introducirlos en el contenedor o indicando qué tipo de envases se pueden tirar.
LA NOTA
Absentismo laboral del 20% en la plantilla de Valoriza
El porcentaje de absentismo laboral entre los trabajadores del servicio de limpieza de Valoriza del municipio de Vila oscila entre el 20 y el 25 por ciento «sin contar los mandos o el personal de oficina», lo que provoca «que no se hagan todos los servicios ni se cubran todos los turnos y que, en definitiva, haya menos gente en la calle». Esta elevada cifra, según explicó el concejal de EPIC de Vila, responde al «malestar» que existe entre los miembros de la plantilla con la dirección de la empresa al tener que realizar trabajos que no se corresponden con su categoría laboral y no ser remunerados por ello.
Antonio Villalonga advirtió de que las quejas de los trabajadores podrían desembocar en una huelga de personal antes de la temporada turística «si el Ayuntamiento no le pone las pilas a la contrata».