El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, aseguró ayer en el Parlament que está prevista la instalación de más puntos de conteo de vehículos –sin precisar cuántos ni cuándo– en la autovía de Sant Antoni con el objetivo de reducir la cuantía que se paga cada año a la concesionaria.
Pons señaló que el Govern paga un 18% más de lo que correspondería porque la concesionaria sólo instaló un punto de control justamente en la zona por donde circulan más vehículos, a medio kilómetro del recinto ferial. Esta carretera se construyó mediante el sistema de peaje en sombra, por el cual el Govern balear paga a la concesionaria una cuota anual dependiendo del número de vehículos que circulan por la misma. Una cuantía que asciende a más de 25 millones de euros cada año.
Marc Pons explicó que en el pliego de condiciones de la contrata se preveían 13 puntos de conteo distribuidos a lo largo de la carretera pero que el Govern del PP de Jaume Matas aceptó instalar un solo punto de control. El conseller de Territori, no obstante, admitió que la concesionaria tiene «unos derechos adquiridos», por lo que para instalar más puntos de control es necesario modificar el contrato. Un extremo que si se lleva a cabo de manera unilateral por parte del Govern supondría el pago de indemnizaciones.
Por otro lado, el vicepresidente Biel Barceló anunció que el Govern cuenta con un presupuesto de 1.648.000 euros para 2017, entre fondos propios y fondos Feder, para hacer frente a la ampliación de redes de fibra óptica en Baleares, y explicó que la valoración económica de extender la red de forma generalizada en las Pitiusas tiene un coste estimado de 10,5 millones en Ibiza y de 1,5 millones en el caso de Formentera.
Educación
Por último, la diputada del PP Sara Ramón pidió al conseller de Educació, Martí March, que rehaga el Plan de Infraestructuras y criticó que el Govern no financia la implantación de la Escola d'Hosteleria en sa Coma, «como sí hizo con la de Palma».
LA NOTA
“Madrid quiere hacer negocios con los baleares”
La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró ayer que el Gobierno estatal “quiere hacer negocio a costa de los ciudadanos de Baleares” después de pedir al Ejecutivo autonómico que pague todo el sobrecoste de las desaladoras de Santa Eulària y Menorca. Así respondió la presidenta a la portavoz del PP, Margalida Prohens, quien preguntó a Armengol sobre su valoración sobre esta cuestión. “El Ministerio de Medio Ambiente tenía que hacer las desaladoras y nosotros nos comprometimos a comprar el agua. Después decidió hacer una modificación y pagar un rescate a la empresa concesionaria. Ahora vienen y nos quieren hacer cargar a nosotros con todos los costes”, informó la presidenta.