La primera jornada de la feria turística ITB de Berlín, que arrancó ayer, tuvo como protagonista la polémica sobre el alquiler turístico, el REB y la tarifa plana entre islas.
Francina Armengol transmitió ayer al ministro de Turismo, Álvaro Nadal, su intención de pedir formalmente al gobierno una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que contemple como alquileres turísticos aquellos que se alquilan por menos de un mes. «La Secretaría de Estado sé que lo está estudiando, pero el ministro no se pronunciará hasta que se lo transmitamos; está más reticente de lo que pensaba», manifestó Armengol minutos después del encuentro.
Desde Ibiza el presidente del Consell, Vicent Torres, recordó que el Consell aprobó una moción hace meses «exigiendo esta modificación». «Si no tenemos estos alquileres legislados, no podemos luchar contra ellos, incluso así tendremos el problema de que se superpondrán las dos leyes en casos concretos», afirmó Torres quien aseguró que «es básica la modificación» y se mostró esperanzado de que «otras comunidades apoyarán el cambio».
Otro de los temas que Armengol tuvo tiempo a tratar con Nadal fue la negativa del Congreso a la aprobación del Régimen Especial de Baleares (REB) en el que se incorporaba la tarifa plana de 30€ para todos los vuelos entre islas. Armengol recordó que esta medida «ha sido aprobada por todos los grupos del Parlament» y que este traspiés no les hará «cesar en sus reivindicaciones».
A raíz de este episodio, Armengol y Barceló se mostraron ayer muy críticos con el Partido Popular, cuya actitud tildaron de «decepcionante». «Pese a no estar de acuerdo con sus compañeros de Madrid nadie ha levantado la voz», aseguró la presidenta. Desde el PP autonómico, el conseller Vicent Roig lamentó que se haga «una cortina de humo para tapar los problemas reales». Los populares mantienen que la aprobación del REB suponía un incremento de un «presupuesto prorrogado» que «no está permitido por ley». Por eso piden a Armengol que lleve esta propuesta «cómo y cuándo toca» y recuerdan que la última palabra no la tiene el Gobierno de España ni el Govern balear sino la Unión Europea.